Los beneficiarios están pagando el 70% del coste de la dependencia

20/09/2018

La diputada socialista Teresa Cruz acusa al Gobierno de obligar a los dependientes a financiar el sistema. Valido admite que incumple ley al no aplicar el copago para que las residencias no cierren

Las personas dependientes en Canarias están sustentando el sistema en tanto que están aportando cerca del 70% del coste de un servicio que por ley tendrían que cubrir las administraciones públicas, salvo un porcentaje que correspondería a los beneficiarios que cuenten con medios suficientes para ello. La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, recordó ayer en el Parlamento que en Canarias no se está aplicando el criterio de copago en el sistema de dependencia aprobado en 2014 porque si así fuera, dijo, «la mayoría o todas las residencias de mayores y centros de día cerrarían» ante la falta de recursos de las administraciones públicas para financiarlos.

Admitía así Valido que es gracias a los beneficiarios que estos servicios se sostiene, tal y como aseguraba la diputada socialista Teresa Cruz que, con datos en la mano, aseguró que en Canarias los dependientes «copagan, repagan y requetepagan». Según sus cálculos, que ayer expuso ante la comisión parlamentaria de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, las personas dependientes en Canarias estarían abonando el 69% del coste total del sistema, mientras que el Estado aporta el 12% y la Comunidad Autónoma y los cabildos el 19%.

Cristina Valido negó que se aplique el copago tal y como lo establece la Ley de Dependencia y explicó que en las islas se está trabajando con el criterio establecido en el decreto 236/1998 que marca como aportación del dependiente el 75% de su pensión en las residencias y el 40% en los centros de día. La suspensión de la aplicación del decreto 93/2014, que fija hasta donde participa la persona beneficiara en el pago de los servicios en función de sus ingresos, es lo que, según la consejera, está garantizando la supervivencia de las entidades colaboradoras en la prestación del servicio porque «si se aplicara el copago seguramente los beneficiarios pagarían menos» y «las administraciones no podría asumir el coste».

Valido hizo «autocrítica por el retraso en la correcta gestión y la aplicación de la dependencia», pero también calificó de «proeza» sostener del sistema durante la crisis «sin cerrar ni un centro» y dijo que «si no se sabe quién va a pagar lo que los usuarios están pagando y se presiona con el copago significa el cierre, porque ninguna administración tiene dinero para sostener el sistema».

Actualizacion

A diferencia de con los medicamentos, las personas dependientes posiblemente saldrían beneficiadas si se aplicara el copago de los servicios que reciben. Ayer lo admitía la consejera de Políticas Sociales en el Parlamento de Canarias: «Hay gente que pide el copago porque seguramente vaya a pagar menos que ahora». Sin embargo, Cristina Valido, explicó que el Gobierno no va a aplicar el decreto de copago de 2014 en tanto que los precios reales de las plazas residenciales no se actualicen.

Su Consejería, dijo, está trabajando en la actualización de los precios de las plazas de la dependencia y sostuvo que el Gobierno «se va a mantener en la posición» en la que estaba cuando ella sumió la dirección de Políticas Sociales y, por tanto, hasta que no se actualicen los precios «no se aplicará el copago».

La consejera reconoció que es una posición «complicada y difícil» pero garantizó que en todo el archipiélago se está manteniendo idéntico criterio y que los siete cabildos están aplicando el decreto de 1998 para la financiación de los servicios a la dependencia.

Ley

La nueva ley de servicios sociales, que actualmente se está tramitándo en el Parlamento, será la que determine, no solo el catálogo de servicios a la dependencia, explicó la diputada de Coalición Canaria (CC), Elena Luis, sino que, además, permitirá conocer los precios y el coste real de los mismos. A partir de entonces se plantearán los criterios de copago, dijo.

Todos los partido convinieron en que la aprobación de la ley de servicios sociales es una prioridad. También lo consideraron los grupos del PSOE y PP, los más críticos con la gestión del Gobierno, porque reconocieron que así se había pactado. Sin embargo, llamaron la atención sobre el hecho de que «no todos los dependientes están aportando lo mismo». La diputada del PSOE Teresa Cruz acusó a la consejera de mentir porque «no todos los cabildos», dijo, aplican los mismos criterios e instó al Gobierno ha vigilar para que así sea.

Cruz criticó que «en 12 años desde la aprobación de la Ley de Dependencia» no se hayan fijado los precios de los servicios en Canarias, a lo que Valido le respondió que ella se ha limitado a «mantener el compromiso» que asumió su antecesora en el cargo, la socialista Patricia Hernández, con las empresas del tercer sector «hasta que se actualicen los precios de los servicios a su coste real».

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