Peligran las plazas obtenidas en la oposición de Sanidad de 2007

24/04/2018

La oposición sanitaria de 2007 se podría anular y miles de trabajadores perderían su plaza o puesto en la lista de contratación. El TSJC votará y fallará el viernes la denuncia que interpuso la Asociación Nacional de Interinos y Laborales contra el SCS por caducidad de la OPE. Los sindicatos llaman a la «cordura» y piden que se retire la demanda que afectaría a las 92 categorías profesionales de Sanidad.

ETIQUETAS:

La demanda interpuesta por la Asociación Nacional de Interino y Laborales (ANIL) afectará en principio únicamente a las oposiciones de las categorías de médicos de familia, enfermeros, auxiliares de Enfermería y auxiliares administrativos del Servicio Canario de Salud, pero por defecto también alcanzaría a las 94 categorías restantes de profesionales. La demanda de ANIL se basa en el que el estatuto básico del empleo público dice que la ejecución de la oferta de empleo pública deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años, es decir, en la caducidad de la oposición. En el caso de Canarias, esta argumentación pondría en entredicho a todas las categorías.

Mientras los magistrados fallan el próximo viernes, los sindicatos piden «cordura» y que se retire la denuncia porque el «sistema canario sanitario está en grave peligro». En opinión de Leopoldo Cejas-Fuentes, secretario general de Satse Canarias, sería un «desastre teniendo en cuenta el número de opositores que se presentaron, los que obtuvieron plazas, se quedaron en lista de empleo e incluso para los que no aprobaron. La situación se volvería caótica».

Cabe recordar que el decreto de la OPE 2007, que firmó la entonces consejera de Sanidad María del Mar Julios, ofertaba 5.097 plazas para 97 categorías profesionales.

La plataforma Asamblea 7Islas señala que es un hecho «muy lamentable que después del 10 años aún no esté cerrada, pero lo es más que se judicialice y afecte a miles de trabajadores», asegura su portavoz Octavio Sánchez. Por su parte, Carmen Nuez, presidenta del Sindicato Médico de Las Palmas, considera que las consecuencias de esta iniciativa judicial sobre la que «no se midió su alcance» va contra las bases del decreto y afectaría «por defecto a todas las categorías». José Alonso Rodríguez Tapia, secretario general de CCOO, la considera de una «irresponsabilidad terrible de cuatro personas que no calcularon el enorme daño que le causarían a sus miles de compañeros y no midieron el esfuerzo y el sacrificio de los opositores para tratar sacarse una plaza en el SCS».