Justicia pide la información de las licencias de enterramiento desde el 14 de marzo

Así se pretende subsanar las diferencias que puedan haber entre las distintas cifras que den diferentes organismos, como ocurrió este lunes con los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que en un comunicado informó de que el número total de licencias de enterramiento expedidas en los registros civiles de la región por muerte por Covid-19 --o sospecha de que sea el motivo-- eran de 1.921 en el mes de marzo, lo que supone el 57% del total de muertes.

Unas cifras recogidas de cada uno de los Registros Civiles --cuyos encargados son jueces con una función administrativa-- en cada provincia de esta comunidad autónoma y que se compararon con los datos de defunciones del mes de marzo de 2019 y 2018 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si bien, ese número no concuerda con la estatal, que cifra los fallecimientos por Covid-19 en la región en 774 en total. Se da la circunstancia de que el protocolo único emitido por el Gobierno para computar los fallecidos solo requiere contabilizar aquellas muertes confirmadas como casos de COVID-19, no las sospechosas, según las instrucciones dadas por el departamento de Salvador Illa a las comunidades autónomas.

En este sentido, fuentes del Consejo General del Poder Judicial consultadas por Europa Press recalcan que el Tribunal Superior de Justicia no da «cifras reales» y por ello, ante el desproporcionado incremento del número de licencias de enterramiento y defunciones, su presidente acordó abrir un expediente gubernativo para investigar cuántos casos de fallecimiento han sido causados por el coronavirus.

Asimismo, las fuentes del órgano del gobierno de los jueces destacan que para nada se cuestiona los «criterios científicos» establecidos por Sanidad para llevar a cabo este recuento.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue preguntado este lunes por este asunto y afirmó que «evidentemente» se iba a contratar «en la Dirección General». Así hacía referencia a la instrucción firmada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que pedía a todos los registros civiles que remitan diariamente los datos de defunción para poder ofrecer una información «veraz, contrastada y más objetiva posible».

La Dirección ordenó que todos los registros, tanto los que tengan acceso a la plataforma ‘Inforeg’ como los que no, trasladen una relación en la que conste «el número de defunciones que han tenido acceso al Registro, número de licencias de enterramiento que se han concedido, y el lugar de la defunción, especificando la localidad y si la misma se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual».

De este modo, una vez se recaben todos los datos sobre defunciones se podrá ofrecer información con «mayor grado de exactitud posible y con la inmediatez que exige la realidad», según explica la instrucción y similares a las que puede ofrecer el INE, tal y como apuntan fuentes del Ministerio de Justicia.

Las mismas fuentes destacan además que en las últimas semanas ha sido difícil por parte de los Registros civiles mantener estos datos actualizados, ya que la demanda de licencias de enterramiento ha aumentado como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

A ello se suma que con la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, se establecieron la prestación de servicios esenciales y se impulsó el teletrabajo, por lo que la mayoría de los trabajadores no se encuentran de manera presencial en los registros.

Así, para poder garantizar la prestación de servicios esenciales, como es la expedición de licencias de enterramientos, el ministro de Justicia, el pasado 23 de marzo, dictó resolución por la que se acordaba ampliar el horario de los registros civiles para que estén disponibles «todos los días de la semana en horario de mañana y tarde».

Además, el Ministerio elaboró un protocolo de actuación para priorizar las licencias de enterramiento sobre las inscripciones de defunción para agilizar este trámite, a raíz de que el Ministerio de Sanidad, designada como autoridad delegada con el decreto del estado de alarma, dejara en suspenso el plazo legal de 24 horas entre la defunción y el enterramiento.