Sanidad vuelve a la carga para frenar el intrusismo en la cirugía estética

Hace dos semanas el ministerio pinchó por una cuestión formal en su primer intento legal de acabar con esta modalidad de intrusismo profesional, que además puede entrañar un grave riesgo para los pacientes, pero hoy mismo el departamento que dirige Mónica García ha vuelto al ataque y ha puesto en marcha una segunda estrategia para cumplir con idéntico objetivo.

Sanidad dio hoy el primer paso para aprobar lo antes posible una reforma del real decreto de 2003 que regula la autorización y el funcionamiento de los centros y establecimientos sanitarios en España. La modificación impondrá que solo estén autorizados a realizar intervenciones estéticas, sean corporales, faciales o capilares, los médicos especialistas en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora o los médicos titulados en alguna otra especialidad quirúrgica o médico-quirúrgica que incluya conocimientos y competencias en cirugía estética en su programa de formación.

La modificación persigue el doble objetivo de evitar el intrusismo profesional y de reforzar la seguridad del paciente en la práctica de la cirugía estética, que en demasiadas ocasiones ha padecido mala praxis e incluso daños y lesiones o secuelas graves o muy graves por someterse a procedimientos quirúrgicos sin que quien los realizó contase con la formación suficiente. Se trata de un cambio urgente porque, además, los últimos años han traído un aumento sustancial en España de esta clase de intervenciones.

La reforma del real decreto, que hoy comenzó su proceso de consulta pública, trata de aplicar la misma limitación profesional que Sanidad ya impuso en septiembre pasado a todas las clínicas y centros de estética españoles con la aprobación de una orden ministerial.

Sin embargo, la Audiencia Nacional acordó el 11 de noviembre pasado la suspensión cautelar de los cambios previstos por la disposición legal de septiembre, por lo que en la actualidad ya no es de aplicación. El auto judicial, que aceptó la medida cautelar solicitada por las organizaciones y particulares que han impugnado la orden ministerial, no entra en el fondo del asunto, en si es legal o no la limitación de quiénes pueden realizar estas cirugías, sino que suspende la orden por una cuestión de forma.

Los jueces ponen en duda la fórmula jurídica elegida por Sanidad. Le recuerdan que una simple orden ministerial no puede cambiar la regulación del funcionamiento de estas clínicas que se establecía en el real decreto de 2003 porque es una norma de menor rango que la que modifica, lo que le está vedado por ley.

Este es el motivo de que el ministerio, a la espera de cómo resuelva la Audiencia Nacional el contencioso-administrativo sobre el fondo de la cuestión, tome la vía directa de reformar el real decreto de hace 21 años con otro real decreto, un procedimiento que aumenta la seguridad jurídica de los cambios y aleja la posibilidad de una nueva suspensión formal.

Cuando el próximo 13 de diciembre termine el plazo dado por el Gobierno a ciudadanos, organizaciones y asociaciones para que presenten las aportaciones y alegaciones que crean adecuadas de cara a esta nueva regulación, Sanidad elaborará un proyecto de real decreto que elevará al Consejo de Ministros para su aprobación.