Los reclusos de las cárceles canarias «no tienen asistencia médica»

El sindicato culpa de esta situación al fracaso de Interior en su estrategia de tratar de «obligar» a las comunidades autónomas a asumir gratis la transferencia de la sanidad de las prisiones a la que obliga la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, un «parche» de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que ha impedido resolver los problemas endémicos de la sanidad en prisiones.

Comisiones Obreras alerta de que el 70% de las plazas de personal facultativo en las cárceles canarias está vacante, algo que atribuye a la «ilusión de la transferencia», y a la «expulsión del sistema de este personal sanitario, una medida que han impulsado las unidades responsables de prisiones y que está sostenida en unas malas retribuciones y condiciones laborales».

Añade que eso ha provocado que más del 90% de las plazas que se convocan queden vacantes, «una situación que genera un tremendo colapso sanitario cuando se une a la jubilación masiva de las personas titulares de plazas».

El sindicado señala que «frente a esa realidad, desde las gestiones de los centros penitenciarios se sigue apostando por ocurrencias como la implantación de un sistema de teleasistencia médica, que hará incrementar las cargas de trabajo del ya muy saturado personal de enfermería».

El personal de enfermería se tiene que responsabilizar de las urgencias, de los ingresos y de los aislamientos, cuando no tienen la potestad de realizar exploraciones clínicas ni de diagnóstico, y se ven obligados a asumir la responsabilidad de las posibles consecuencias por el retraso o la mala praxis resultante al no poder ser evaluado el paciente presencialmente, agrega CCOO.

El sindicato destaca que el sistema de teleasistencia es, «por definición, contrario a una atención de salud primaria y en un contexto de una población penal muy vulnerable sanitariamente, con índices de patologías muy superiores a la media de la población».

Además, FSC-CCOO denuncia que los sistemas informáticos y la digitalización en prisiones son «prácticamente inexistente o de baja calidad, sin que se haya llevado a cabo la modernización digital de la institución, usándose los fondos europeos a la compra de ordenadores para altos directivos«.

Para el sindicato se trata de una «condena añadida para las personas que están en prisión, ya que se les priva de la sanidad pública a la que todo el mundo tiene derecho».

Según en sindicato, en el Centro Penitenciario de Las Palmas I la situación se agrava «por orden de dirección, que pide al personal penitenciario que valore la necesidad de que la población reclusa vaya a la enfermería cuando se quejan de alguna dolencia«.

Exige que el Ministerio del Interior cumpla la Ley de 2003 de Cohesión y Calidad del Servicio Nacional de Salud que obliga a transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, la única forma de garantizar la salud e integridad de la población reclusa y de homogeneizar las condiciones laborales del personal sanitario en igualdad de condiciones.