Alumnos de la Universidad de Granada este miércoles, el día antes del cierre. / Efe

El Gobierno descarta por ahora cambiar el protocolo para las universidades

Santiago y Salamanca responsabilizan a los estudiantes del aumento de casos en las ciudades y Granada pide no culpar a ningún colectivo

Álvaro Soto
ÁLVARO SOTO Madrid

El Gobierno no prevé, por ahora, cambiar el protocolo 'anticovid' para las universidades pese a los brotes ligados a los estudiantes que se están registrando en varias ciudades de España. El Ministerio de Universidades considera que los planes presentados el pasado 3 de septiembre «ya contemplaban el paso a la semipresencialidad o a la enseñanza 'on-line'», asegura el departamento de Manuel Castells. «Los protocolos siguen teniendo sentido», sostiene el Ministerio, que recuerda que cada universidad toma sus propias medidas dentro de su autonomía de actuación y bajo el paraguas de los decretos del Ministerio de Sanidad.

«En cualquier caso», señalan fuentes de Universidades, «estamos en contacto con los responsables 'covid' de cada centro educativo y a través de ellos estamos realizando un seguimiento estrecho». Por su parte, el Ministerio de Sanidad explica que «todos los documentos y protocolos se revisan y actualizan de forma periódica y se cuelgan en la página web».

La comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria acordó el 31 de agosto obligar al uso de la mascarilla tanto en las aulas como en los espacios comunes, estableció un sistema «mixto» para las clases (algunas presenciales, otras por internet), pidió que aumentara la ventilación de las instalaciones y estipuló un sistema de aislamiento para los alumnos que dieran positivo.

Sin embargo, el documento no concretaba en qué situaciones se cerraría una facultad en la que aparecieran varios casos y se limitaba a apuntar que «cualquier decisión que tenga afectación general de un centro o una universidad deberá ser tomada conjuntamente por los responsables de la universidad [los rectores] y las autoridades responsables de la política sanitaria y de la política universitaria».

Por el momento, unos 300.000 estudiantes van a estar sin clases presenciales durante las próximas dos semanas tras los brotes registrados en la Universidad Politécnica de Valencia, en once campus de Cataluña y en la Universidad de Granada, cuyo campus fue cerrado el martes por la Junta de Andalucía en una polémica decisión.

Rechazo en Granada

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, mostró este miércoles su rechazo a la medida. «A mí me parece mal lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Era necesario que se reuniese la Comisión a tres bandas, la consejería de Sanidad, la de Educación y la universidad, para ir evaluando y adoptar las medidas que corresponden. No era necesario echar el cierre de la universidad», lamentó Aranda. Su centro educativo estaba en el punto de mira tras unas imágenes del fin de semana en la que se veía a decenas de estudiantes granadinos en las zonas de ocio de alto nivel de la ciudad sin tomar medidas de seguridad, aunque la rectora sostiene que los protagonistas de los vídeos «no eran estudiantes de la universidad» porque «los universitarios no tienen poder adquisitivo como para ir a esos lugares».

Ocurre que los protocolos establecidos por los ministerios de Sanidad y de Universidades únicamente tienen validez dentro de las instalaciones educativas y los brotes que se están produciendo tienen más que ver con las dificultades para controlar el tiempo de ocio de los alumnos y su convivencia estrecha en residencias, pisos compartidos, espacios deportivos o bares y discotecas.

Por eso, las ciudades universitarias están en situación de alerta. El alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, subraya que los estudiantes son la «principal fuente de preocupación de la situación» de la ciudad gallega, que registra 240 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 137 casos notificados en Galicia. Salamanca, por su parte, se encuentra al borde del confinamiento por los «malos comportamientos» de los universitarios, declaró la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado. Mientras, el alcalde de Granada, Luis Salvador, pidió el miércoles no culpar a ningún colectivo.