Ralons y sus filiales, en concurso de acreedores

Este órgano judicial determinó a su vez que se declara administrador de este concurso a la firma Pluta Abogados y Administradores Concursales SL. De la misma manera, el deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores concursales mediante su autorización o conformidad.

Este grupo empresarial, que llegó a dar empleo a unas 2.000 personas en empresas de servicios como lavanderías, seguridad, educación infantil o formación profesional, tiene un pasivo estimado de unos 70 millones de euros.

Según fuentes de la compañía, el Grupo Ralons ya ha dejado de prestar todos sus servicios para iniciar su cierre definitivo y para ello «y haciéndolo de forma ordenada y con todas las garantías» ha estimado llevar a cabo este trámite mediante un concurso de acreedores

El Grupo Ralons, que fue gestionado hasta el año 2011 por el empresario Miguel Ángel Ramírez, tuvo posteriormente otros administradores ya que el citado empresario dedicó su actividad profesional a otros negocios «donde mantiene a más de 1.000 puestos de trabajo», según fuentes de la compañía.

Fue el propio Miguel Ángel Ramírez el que manifestó su intención de que el grupo Ralons cesara su actividad por su falta de viabilidad económica.

Auto de archivo. El Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha archivado una querella presentada en su día por Ralons Servicios SL al que fuera su administrador único, Héctor de Armas. En la misma lo acusaba de los delitos de administración desleal y estafa procesal cometido, presuntamente, mientras dirigía esta mercantil y también Seguridad Integral Canaria (SIC). El firmante de la querella fue Jorge Hernández, que ostentó el cargo de administrador único de la entidad tras relevar del mismo al propio Héctor de Armas a principios del año 2018.

Recurso ante la Audiencia. La representación legal del Grupo Ralons ha recurrido este auto de archivo ante la Audiencia Provincial de Las Palmas al considerar que no se ajusta a derecho «puesto que no se practicó prueba alguna», según fuentes de la parte querellante.

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