Otra condena a CC en Tenerife

De esta forma, uno de los hombres fuertes de Miguel Zerolo en el ayuntamiento es condenado por el delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación agravada de caudales públicos, lo cual se traduce en una pena de cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación absoluta, y por el de prevaricación a siete años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, así como a abonar un tercio de las costas procesales y de los honorarios de la acción popular y del actor civil. En paralelo, la acción popular ejercida por Izquierda Unida (IU) situaba las penas en 10 años de inhabilitación por prevaricación y de ocho de cárcel y 20 de inhabilitación por malversación. La sentencia, que fue comunicada a las partes, puede ser recurrida en casación.

Se da la circunstancia de que el mismo exedil está ya cumpliendo condena el «Caso Mamotreto», un importante infraestructura de aparcamientos que se había planificado para la zona de Las Teresitas y de cuya resolución fue condenado a dos años y tres meses de cárcel.

Cabe reseñar que la Audiencia ha absuelto a Manuel Parejo y Víctor Reyes, los otros dos acusados en el caso. El primero, también exconcejal de Santa Cruz, ya cumple condena, al igual que Plasencia, por el Caso Mamotreto, además de estar condenado en el caso Las Teresitas. El segundo, en la actualidad secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, también está condenado por el caso Las Teresitas, aunque esa sentencia aún no es firme.

Los hechos por los que ha sido condenado Plasencia se remontan a 2011, cuando IUC presentó una denuncia contra la cúpula del área de Urbanismo, siendo por aquel entonces alcalde Miguel Zerolo. El sobreprecio que se había pagado por el inmueble situado en El Toscal era el motivo de aquella acusación, que terminó corroborándose a través de las investigaciones y posteriores diligencias.

Según acredita el tribunal, el exconcejal de CC eligió la oferta menos ventajosa para el consistorio, la de la familia propietaria del inmueble, que situaba el precio en 612.777 euros, mientras que los técnicos municipales estimaban que la cantidad a pagar debía ser 332.469 euros, debido a una serie de limitaciones urbanísticas que tenía el edificio. Al mismo tiempo, existía un tercer informe, elaborado por la sociedad de tasación Tinsa, que valoraba la casa en 705.966 euros.

El juicio arrancó el pasado mes de julio, canalizándose la estrategia de la defensa de los tres acusados en generar dudas sobre la tasación municipal, argumentando errores en el valor de mercado reflejado e incluso aritméticos, algo que los peritos acabaron desmintiendo.

Al mismo tiempo, Plasencia argumentó en sus declaraciones que solo unos meses como responsable de la Gerencia de Urbanismo y que se limitó a tramitar un expediente que tenía informe favorable de la Intervención y de legalidad, sin saber quién tomó la decisión de comprar.

Por su parte, el vendedor, Francisco Alonso Siliuto, testificó que él había puesto como condición que la plusvalía la pagara el consistorio, pero como no figuraba así en la escritura el día que fue a firmar pidió que se cambiara «y lo aceptaron», sin que el notario advirtiera que la legislación establece que el pago corresponde al vendedor.

Pese al procedimiento judicial, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha seguido paralelamente con su hoja de ruta para restaurar la casa Siliuto, cuyas obras están ya adjudicadas.

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