Imagen de archivo del Negrín, uno de los hospitales públicos canarios que mantiene en planta a personas mayores con alta médica. / C7

La orden de trasladar a mayores con alta que viven en los hospitales canarios, atascada en Hacienda

El septiembre anunció Derechos Sociales que sería inminente la adjudicación de plazas sociosanitarias para 254 personas que se han quedado en los centros

Luisa del Rosario
LUISA DEL ROSARIO Las Palmas de Gran Canaria

A la presión hospitalaria por el auge de ingresos de pacientes con covid-19 en las islas se añade que los hospitales públicos no pueden disponer de 254 camas que siguen ocupadas por pacientes no sanitarios. Se trata de personas mayores que, aunque tienen el alta médica, viven en los centros por falta de recursos, de apoyo familiar o de ambas cosas.

Para darles una respuesta Derechos Sociales y Sanidad acordaron una orden conjunta que la consejera Noemí Santana anunció en el Parlamento canario a finales de septiembre. Sería inminente el traslado de 254 pacientes -son las cifras de esta semana, en septiembre eran 240- a espacios sociosanitarios, dijo en otoño. Cuatro meses después la orden sigue sin publicarse. De hecho, se encuentra a tascada en la Consejería de Hacienda a falta de un informe desde octubre.

En camas concertadas

En este tiempo, el número de personas que viven en los hospitales púbicos canarios ha aumentado. En estos momentos Sanidad tiene cuantificados a 254 ancianos en esta situación. De ellos la mayoría, unos 150 se encuentran en centros de Tenerife y otro centenar en los de Gran Canaria.

Pero hay más porque en estas cuentas no se incluyen a las personas que también necesitan un recurso sociosanitario, pero se han quedado viviendo en un aplaza sanitaria concertada. Así lo constató la Diputación del Común en 2019 tras requerir información a Sanidad. En ese momento el entonces responsable de Servicios Asistenciales le respondió que «si se incluyen los hospitales concertados por dicho servicio superan las 1.000 personas de perfil sociosanitario».

LAS CLAVES

  • Ocupación de camas Los hospitales púbicos acusan la falta de camas precisamente porque 254 están ocupadas por personas con lata médica.

  • Trámite La orden para trasladas a estos pacientes con alta a centros sociasanitarios lleva tramitándose dos años. Ya existía una de 2014 que nuca se ejecutó.

  • Aprobación Consensuada entre Sanidad y derechos Sociales, falta el visto bueno de la Consejería de Hacienda. Superado este trámite se llevará al Consejo de Gobierno.

El periplo de esta orden ha sido largo. La exconsejera de Sanidad, Teresa Cruz, fue quien quiso dar una solución definitiva a este problema y acordó con Derechos Sociales publicar una orden conjunta dado que afecta a ambas consejerías.

En realidad ya existía tal orden, aprobada en 2014, pero el Gobierno de Coalición Canaria nunca la llevó a la práctica.

Nueva redacción de la orden

Derechos Sociales redactó una nueva orden y en febrero de 2021, ya con cambios en la Consejería de Sanidad -primero Julio Pérez se hizo cargo provisionalmente de Sanidad tras el cese de Cruz y más tarde asumió el área Blas Trujillo con Conrado Domínguez en la Gerencia- un informe interno hizo que se diera marcha atrás para corregir defectos.

La orden se redactó de nuevo y tras la exposición pública de la misma Sanidad y derechos Sociales esperan por la Consejería de Hacienda donde sigue atascada.

Fue l a Dirección General de Presupuestos la que pidió a ambas consejerías «información complementaria» para determinar lo que esta orden pudiera afectar a los presupuestos de ambas.

¿Cuánto costará el traslado?

En el caso de Sanidad -que respondió, señala Hacienda, a mediados de diciembre, no supone gasto alguno de más, dado que ya se encarga de estas personas mientras siguen viviendo en los hospitales públicos (y concertados).

En el caso de Derechos Sociales se limitará a transferir a Sanidad el importe proporcional correspondiente de las cantidades recibidas por la Administración central del Estado para las personas dependientes de grado II o III que ocupen plazas sociosanitarias de tránsito.

De hecho, no financiará con cargo a los presupuestos propios ninguna cama de tránsito, que es lo que ocuparán estas personas mientras se tramita la ley de dependencia. Una vez declaradas dependientes y accedan a las plazas de forma permanente, tampoco supone un gasto extra dado que estas plazas están contempladas en los presupuestos de la Consejería.

Hacienda, de momento, sigue «realizando una valoración de la medida».