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Fría, sin mostrar arrepentimiento alguno y justificando que las repetidas y cruentas agresiones que infringió a su hijastro, de nueve años, eran por su mal comportamiento, amparándose en que la cultura china no recrimina el castigo físico a un menor en la medida que lo hace la occidental y, más en concreto, en España. Así es Na Li, la mujer que presuntamente asesinó de una brutal paliza con un palo al hijo de su pareja el 8 de mayo de 2016 en la calle Doctor Juan de Padilla, de la capital grancanaria.
CANARIAS7 desvela las declaraciones de esta mujer, de 40 años de edad, que permanece en prisión a la espera de ser juzgada por el que se convertirá el primer caso de la provincia de Las Palmas en el que un fiscal, Miguel Pallarés, pide la pena de prisión permanente revisable para un acusado.
Na Li confesó, tanto en sede judicial como ante los forenses que realizaron el expediente psiquiátrico de imputabilidad, que su vida en familia era «triste». «Tenía intención de separarme, pero no tenía donde ir y aguantaba por los niños porque mi pareja es viejo, 17 años mayor que yo y hasta le faltan dientes», relató. Ella vivía con el hijo de su novio –ya fallecido– y otro que habían tenido en común: «Con mi hijastro había que tener mucha paciencia y su propia madre decía que era un malcriado. Cuando pasó lo de niño, yo tenía mucha presión y estaba muy cansada porque mi pareja no me ayudaba. El niño se rebelaba continuamente y no acataba mis órdenes, me porfiaba y no quería estudiar y el límite de mi paciencia acabó cuando me enteré de que pegaba a su hermano pequeño de dos años», manifestó a los forenses.
«Me lo reconoció de manera soberbia el día de los hechos», añadió Na Li en su comparecencia. «Intentaba controlar las malas conductas del niño con amor, tranquilidad, hablándole, pero a lo único a lo que él respondía era con la agresión física». Declaró que, a su juicio, no pegaba al niño, sino «le castigaba cinco o 10 minutos y ya está. Si le pegaba era por causas siempre justificadas y porque me llevaba al limite», relató.
Sobre el fatídico día de la muerte del menor, Na Li contó que «yo no quería quitarle la vida, yo solo quería pegarle porque estaba muy enfadada por sus comportamientos. Le pegué con el palo e intentó quitármelo haciéndome daño. Salió sangre de mi mano... Yo no soportaba más. Estaba muy enfadada porque me dijo que había pegado a mi niño y por eso le pegué en el culo y en el pie, pero nunca en la cabeza» sostuvo en su interrogatorio. Cuando terminó de darle la paliza, que según el fiscal duró primero 40 minutos, luego lo duchó con agua fría para, a continuación, golpearle con un palo, «no sabía que tenía una fractura porque no se quejaba. Al niño lo vi y estaba bien, incluso me pidió perdón y me dijo ‘mamá, voy a hacer las cosas bien», contó la acusada. «Él entendía que yo le pegara porque no se portaba bien. Luego volví al rato a ver como estaba y estaba muerto... Yo lo dejé vivo y bien», declaró la madrastra de la víctima.
El informe forense determina que la acusada no atisba sentimiento de lástima o de pena por las consecuencias de sus actos: «Yo solo quería una familia feliz, mi vida es una mierda», a la vez que recoge una afirmación suya en la que reconoce que intentó quitarse la vida cuando fue detenida «mordiéndome la muñeca e intentándome asfixiar con el film de un bocadillo».
A su vez, en las conclusiones del informe determinan que la acusada no tenía «alteradas las capacidades cognoscitivas y volitivas», es decir, era plenamente consciente de los hechos que estaba cometiendo.
Fue durante la instrucción de este caso de asesinato del menor cuando se detectaron síntomas evidentes de que los malos tratos no se llevaron a cabo única y exclusivamente el día de los hechos, sino se habían repetido en el tiempo. Por este motivo, el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria solicitó al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas un informe ampliatorio de autopsia en noviembre del pasado año en el que los firmantes del mismo, los doctores Javier Tapia, Ana Fernández y Diana García, determinaron que se desprendía la existencia «en el niño fallecido de signos claros de maltrato físico, tanto crónico y agudo». El informe determina que el fallecido tenía quemaduras antiguas de cigarrillos en ambas piernas, fracturas de costillas, en la tibia izquierda y en las masas laterales de S1 y S2, sin que fuese atendido en ningún centro hospitalario.
«En este sentido, una persona que conviva con el menor –su padre–, tales lesiones necesariamente tendrían que haber sido advertidas», refleja el informe. Por este motivo, el fiscal Miguel Pallarés trasladó al juez instructor el 12 de diciembre, una solicitud de comparecencia a los efectos de imputar al padre biológico del menor, por un delito de maltrato habitual sobre su hijo «comisión por omisión». Es decir, el padre no respondió a su deber de actuación ante los habituales maltratos que infringía su pareja sentimental al menor.
Por este motivo, no solo ha sido imputada en este caso la presunta autora del asesinato del niño de 9 años, sino su padre tendrá que sentarse en el banquillo y afrontar una petición de penas de dos años de cárcel y cinco de alejamiento con la madre biológica del fallecido, que se presentará en la vista oral –aún pendiente de su señalamiento– ejerciendo la acusación particular.
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