Ley de bienestar animal: de avance contra el maltrato a amenaza para la biodiversidad

La nueva Ley de protección, derechos y bienestar de los animales no termina de contentar a nadie. Los animalistas entiende que la norma, aprobada 'in extremis' el 9 de febrero, es un retroceso porque rebaja o despenaliza ciertas agresiones a los animales, como los abusos sexuales. Además, sostienen que la exclusión de la protección legal de los toros o de los perros de caza sienta un peligroso precedente jurídico.

Solo el sector cinegético ha mostrado su satisfacción con una ley que desampara a los 'perros de producción', justamente los canes más sometidos al maltrato.

Sin embargo, también hay quienes están satisfechos con la nueva norma por entender que «incluye cambios importantes que redundan en la tenencia responsable de los animales».

Una de estas personas es el catedrático de Toxicología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Octavio Pérez, quien compareció en el Congreso de los Diputados durante la tramitación de la ley y colaboró con el Ministerio de Derechos Sociales para responder a las alegaciones.

Pérez, conocedor de la norma, enumera sus principales novedades: los particulares no podrán criar ni vender animales, actividad que solo podrán desarrollar los criadores autorizados; la implantación de cursos de formación para poder hacerse cargo de un animal de compañía y la restricción de la tenencia de animales exóticos que supongan un peligro para la biodiversidad y la salud pública.

«Ahora falta reglamentar la ley, que aún está pendiente de desarrollo», advierte Pérez, sobre esta fase en la que cada comunidad autónoma definirá su marco competencial.

Acerca del curso previo a la adopción de un animal, el experto afirma que será muy básico y que tendrá como objetivo prevenir el maltrato informando de sus obligaciones a los dueños de las mascotas.

Además, la ley obliga a realizar un mapeo y un censo de los gatos callejeros, para planificar su captura, esterilización y retorno a fin de evitar que las colonias felinas crezcan. Estas colonias deberán ser supervisadas por veterinarios y quedarán bajo la responsabilidad municipal.

«Solucionar el problema de los gatos es un objetivo importante», afirma Pérez que reivindica un cambio en la actuación sobre estos animales dado el fracaso de los intentos previos de controlarlos.

Este punto, el del mantenimiento de las colonias de gatos callejeros, es el que más controversia genera en Canarias, ya que los gatos ferales suponen un peligro constatado para la conservación de las especies endémicas; principalmente para los lagartos gigantes de El Hierro, Tenerife y Gran Canaria.

«Hay una incertidumbre tremenda sobre cómo incidirá la ley en una de las principales amenazas para la fauna salvaje del archipiélago», sostiene el Juan Carlos Rando, profesor de Zoología y de Biología de la Conservación de la Universidad de La Laguna que lamenta que la norma excluya a todos los gatos y hurones de la definición de animal asilvestrado.

«¿Los gatos cimarrones son domésticos? Esa es la razón por la que no se les puede aplicar la legislación de las especies exóticas invasoras. Es como si conocieras la enfermedad que padece una persona pero no pudieras tratarla. Eso es lo que ha ocurrido al equiparar gatos domésticos y cimarrones», afirma el miembro de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC) que lamenta que los gobernantes hayan ignorado a los científicos que llevan décadas investigando los impactos de los gatos sobre la biodiversidad canaria.

«Parece que la realidad va por un lado y la política por otro. Con este asunto parece que hemos vuelto a la edad media; el mundo se ha olvidado del conocimiento científico y hemos vuelto a regirnos por las creencias», lamenta Rando, que sostiene que las más perjudicadas por estas medidas serán las especies endémicas amenazadas de reptiles y aves.