Vista parcial de la nave de ganadería intensiva porcina española. / EP

Macrogranjas, ¿ángel o demonio?

Los ecologistas ven contaminación y maltrato y el sector un modelo «ejemplar» y «sostenible» y un caso de éxito mundial

Alfonso Torices
ALFONSO TORICES Madrid

El ministro de Consumo abrió esta semana su particular caja de Pandora cuando contrapuso las bondades de la ganadería tradicional (la de pastos a cielo abierto o extensiva) con los supuestos perjuicios de la intensiva, la de grandes naves con cientos o miles de animales que nacen y engordan en su interior, o que producen en idéntico encierro huevos o leche. Alberto Garzón recibió los aplausos de ecologistas y animalistas y puso en pie de guerra a los ganaderos y productores cárnicos cuando declaró al británico 'The Guardian' que las macrogranjas tienen en España un número desproporcionado, un impacto ecológico descomunal y que son lugares donde se maltrata a los animales destinados al consumo.

El resultado, más allá del posterior y persistente rifirrafe entre políticos, son dos versiones totalmente antagónicas sobre lo que significan y suponen las granjas intensivas. Los ecologistas, en este caso representados por el análisis de Greenpeace, ven solo un modelo de producción depredador, que crece en España de forma «desmesurada y desproporcionada», que «hacina» de por vida al ganado y las aves, que «envenena» el suelo y el agua y que contribuye al cambio climático con una significativa emisión de metano a la atmósfera. Su exigencia es clara: no más licencias para abrir o ampliar macrogranjas y reducción al 50% de la cabaña ganadera intensiva.

Las organizaciones de productores, por su parte, consideran que la ganadería intensiva es el único modelo de negocio «viable» hoy en día, rechazan el papel de sector especialmente contaminante, niegan la existencia de maltrato animal y aseguran que, de hecho, su gran crecimiento en este siglo es en realidad un historia de «éxito» exportador a más de un centenar de países, justo por ser explotaciones «ejemplares», «modernas», «sostenibles» y «de calidad».

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor) comienzan por desechar el término macrogranja, pues lo consideran peyorativo y, además, defienden que justo en España es uno de los pocos países en que no existen este tipo de infraestructuras. Prefieren el concepto ganadería intensiva o, en su caso, la etiqueta de «grandes granjas». Recuerdan que España es el único país del mundo que fija un límite a las granjas porcinas (un máximo de 3.500 cerdas de cría o 7.200 cerdos de engorde) y que ya prepara decretos gubernamentales con topes similares para el vacuno y las aves.

En España hay unas 2.200 grandes explotaciones. Tienen más de 2.000 cerdas de cría o más de 4.000 de engorde. Solo hay unas 7 u 8 granjas con entre 5.000 y 8.000 cerdas, no afectadas por los topes porque se crearon antes de 2000, cuando se fijaron los límites. Los grandes criaderos representan el 35% de la producción porcina. En China, explican, se abren granjas de 82.000 cerdos y en el resto de Europa también pueden juntar las cabezas que le dé la gana.

Sin ganadería intensiva, aseguran, este sector no sería rentable. Una granja de 2.000 cerdos de engorde es una explotación familiar que como mucho dará unas ganancias anuales de 15.000 euros; para dar el salto a una pyme habrá que ir al tope de 3.500 cerdas de cría, que permitirá unos diez empleados, calcula Miguel Ángel Higuera, director de Anprogapor.

Hay unas 2.200 granjas con más de 2.000 puercos, con un tope de 3.500 cerdas de cría o de 7.200 de cebo, máximos legales

Lo que no niegan, ni uno ni otro ganadero, es que España es líder mundial en ganadería (el primer productor de porcino europeo y el tercero del mundo), con un fuerte crecimiento en los últimos años, pero defienden que ese es un dato para el «orgullo», que genera un notable desarrollo económico y medio millón de empleos, y que se debe justo «a que somos el mejor país garantizando el bienestar animal» y el territorio (la UE) con la legislación más exigente del mundo en «calidad» del producto y respeto al medio ambiente y al ganado.

La guerra de los purines

Greenpeace asegura todo lo contrario. Solo ve una España que produce 10 veces más carne que hace medio siglo y tiene 13 veces más cerdos que hace solo una década. Un país, sobre todo en zonas como Cataluña y Aragón, que arrincona la ganadería tradicional («sostenible y respetuosa con la biodiversidad»), que ya no representa más del 25%, y que fomenta una crianza industrial «insostenible». Un territorio que «envenena» el agua potable con los nitratos de los purines y de los cultivos para el forraje y que contribuye al calentamiento global con el metano de las flatulencias del vacuno y los gases equivalentes al CO2 que generan estas macrogranjas y sus suministradores.

Les achacan de forma directa e indirecta hasta el 22% de los gases de efecto invernadero españoles y la mayor parte de la culpa de que el 30% de las aguas dulces subterráneas y el 50% de las superficiales estén contaminadas, con un empeoramiento, añaden, del 50% en el último cuatrienio.

Los ganaderos rechazan la acusación. En cuanto a los gases de efecto invernadero, indican que los datos oficiales de 2021 atribuyen a su sector un 8% y no un 22% –«¿por qué no señalan con igual saña a quienes generan el 93% restante?», protesta Diego Juste, portavoz de UPA–. Y en cuanto a los nitratos, dicen que su contaminación es mínima, porque el sector, de manera mayoritaria, cumple con la normativa de almacenar los purines en piscinas herméticas, para su posterior uso como abono biológico.