Apoyo al decreto de discapacidad para bajar una lista de espera de 40.000 personas en Canarias
Los cabildos aplauden la entrada en vigor de la norma que reconocerá de forma automática el grado del 33%, 65% o 75% en ciertas patologías
Representantes de los cabildos de La Palma, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife aplaudieron ayer la entrada en vigor del decreto ley sobre los procedimientos para la valoración y reconocimiento del grado de discapacidad en Canarias.
La nueva norma busca atajar uno de los problemas sociales más graves en las islas, con 40.000 solicitudes pendientes de resolución, según recoge el informe emitido por el Gobierno canario para justificar la extraordinaria y urgente necesidad de implantar la medida por la vía del decreto ley.
«El objetivo es reducir la lista de espera y facilitar a muchas personas acceder antes a los servicios y prestaciones», indicó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, que compareció este jueves ante la Comisión de Cabildos del Parlamento de Canarias para explicar a las corporaciones insulares el contenido y alcance del nuevo decreto.
«Es un documento de gran relevancia para toda la sociedad canaria», subrayó Delgado, quien añadió que su éxito depende de la colaboración estrecha entre el Ejecutivo regional y los gobiernos insulares.
«Durante años, el reconocimiento de la discapacidad ha adolecido de demoras, rigidez en la valoración, trámites innecesarios y falta de coordinación interadministrativa y dentro de los distintos departamentos del propio Gobierno de Canarias», reconoció Delgado, que señaló que este decreto viene a corregir algunas de las deficiencias que han limitado el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y prestaciones que les correspondían.
Novedades de la normativa
El nuevo decreto contempla una serie de criterios objetivos con los que se reconocerá de forma automática y sin necesidad de valoración presencial cierto grado de discapacidad. Así, las personas que sufran una de las patologías incluidas en la norma tendrán reconocido un grado del 33%, 65% o 75%, en función de la enfermedad.
Otra novedad es que se priorizará la valoración en función de los condicionantes sociales y de los menores de hasta 18 años, algo que antes solo se aplicaba a la franja de cero a seis años.
Además, junto al reconocimiento de la discapacidad, se tramitará de oficio la tarjeta de estacionamiento. «Esta simplificación administrativa va a mejorar la vida de las personas con discapacidad», recalcó la consejera.
Los representantes de los cabildos valoraron un «documento histórico» que contribuirá a reducir los años de espera para ver reconocido un derecho, sobre todo en las islas no capitalinas. En este sentido, el vicepresidente del Cabildo majorero, Adargoma Hernández, pidió estabilizar a los equipos de valoración para no depender de otras islas.
Inversión y equipos estables, claves
El nuevo decreto de discapacidad permite a los cabildos asumir los equipos de valoración a través de la negociación de convenios con el Ejecutivo canario.
La imprecisión respecto a los recursos que se destinarán a este cometido fue la principal pega al documento esgrimida por los portavoces de los grupos parlamentarios del PSOE, NC y Vox. Esther González, del bloque canarista, señaló que para aplicarlo «hacen falta medios. Si no es papel mojado», dijo.
Por su lado, la socialista Elena Máñez indicó que la lista de espera no se podrá resolver si no hay equipos de valoración estables.
