La Fiscalía pide recursos para asistir a las víctimas de violencia machista

08/10/2019

La Memoria anual del Ministerio Público en Canarias vuelve a recoger las carencias que tiene la asistencia a las mujeres agredidas. Hasta un año se tarda en hacer una valoración en Las Palmas

Las fiscalías delegadas contra la Violencia sobre la Mujer de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife vuelven reiteran en la Memoria de 2019 (elaborada con datos del año pasado) la misma queja que en ejercicios anteriores: la escasez de recursos con los que cuentan para una adecuada atención a las víctimas de violencia machista. Ponen espacial atención en la inexistencia en la provincia oriental de una unidad de valoración forense integral y la infradotación de la de Tenerife, lo que provoca que un informe pericial se retrase hasta un año.

La fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas evidencia que el decreto de creación del Instituto de Medicina Legal de esa provincia no contempla expresamente estas unidades, que se han suplido «con una plaza de psicólogo y otra de trabajador social» en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias para atender a las tres islas.

Pero es más, la fiscal también denuncia que no hay aprobado un protocolo forense integral en violencia de género en esa provincia que recoja la actuación integral o específica del equipo como tal, conformado por un médico, un psicólogo y un trabajador social. Este recurso, explica la fiscal en la Memoria de este año, «lógicamente es escaso para atender la demanda de toda la isla», lo que conlleva «el retraso» en los procedimientos penales en los que resulta imprescindible un a valoración o un informe pericial de, por ejemplo, la presencia de indicadores psicosociales de violencia de género en la víctima relacionados la denuncia, la existencia de sintomatología emocional (ansiedad, depresión) clínicamente significativa o de menoscabo psíquico asociado a la tipología de maltrato denunciado.

El tiempo que se tarda hacer un informes es de «12 meses», de ahí la importancia, recalca, «de que se dote de mayores recursos al Instituto de Medicina Legal».

El fiscal delegado contra la Violencia sobre la Mujer en Santa Cruz de Tenerife también denuncia la «escasa dotación de profesionales» de la unidad de valoración forense y señala que los informes, pruebas y entrevistas con las víctimas se demoran «entre seis y nueve meses», lo que «no facilita dictar medidas cautelares de protección a la mujer o a los hijos que conviven con el agresor», asegura.

Sin oficinas de asistencia

En todo el archipiélago solo hay una oficina de asistencia a las víctimas de violencia machista. Está en Lanzarote y ni siquiera está dentro del edificio judicial. Se trata de un recurso del Cabildo de Lanzarote y está atendido, según denuncia la fiscal delegada contra la Violencia sobre la Mujer de Las Palmas, por una sola persona que, al mismo tiempo, atiende otros servicios. Estas oficinas deberían «canalizar las primeras necesidades» de las víctimas.

La existencia de una oficina que preste un servicio integral a las víctimas de hechos delictivos y que esté situada en el edificio judicial «a fin de garantizar la pronta asistencia de la víctima» es otra de las demandas históricas de las fiscalías delegadas de Violencia sobre la Mujer. Se trata, en definitiva, dice la Fiscalía, de «que se informe a las víctimas de sus derechos y de los recursos psicosociales y asistenciales existentes, se les facilite asistencia psicológica y acompañamiento a juicio».

Además, estas oficinas, recogidas ya en la Ley 35/1995, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual tienen que procurar «la coordinación de los diferentes órganos, instituciones y entidades competentes para la prestación de servicios de apoyo a la víctima», explica la Fiscalía en su Memoria de este año.

Menores

Otro de los aspectos en los que vuelven a incidir los fiscales en el informe de este año es en su posicionamiento de defensa de los derechos de los menores víctimas de violencia machista, por un lado procurando órdenes de protección aún cuando loa víctima no lo solicite, y, por otro, informando desvaforablemente de la custodia compartida en caso de que el progenitor estén incurso en procedimientos por violencia de género o haya denuncias por parte de las madres.

Además, desde las fiscalías delegadas para la Violencia sobre la mujer se vuelve a poner el acento sobre la carencia de un recurso «necesario» como son los puntos de encuentro familiar en todas las islas.

Además, la fiscal de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas propone que este servicio de encuentro familiar «esté regulado como un derecho de los menores y no como un servicio social», que es como ahora está recogido, y, además, propone que el recurso no sea ajeno a los tribunales de justicia, sino que sea un recurso propio de los juzgados de violencia de género.

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