Jueces y fiscales confirman su huelga, pero comienzan las grietas

Las siete asociaciones de jueces y fiscales han confirmado su convocatoria de huelga para el próximo 19 de noviembre, pero ha surgido una primera grieta entre seis de ellas y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que formó parte la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Efe / Madrid

Jueves, 1 de enero 1970 | Actualizado 16/07/2020 22:28h.

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La Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) han emitido un duro comunicado conjunto para confirmar el paro tras mantener tres reuniones en el Ministerio.

En ninguna de ellas, subrayan, se ha ofrecido «nada concreto» para dar respuesta a sus reivindicaciones, salvo promesas.

«Los partidos en el gobierno y en la oposición parece que únicamente alcanzan acuerdos pacíficos y sólidos en lo que al control del Poder Judicial se refiere», afirman antes de denunciar que no haya «dinero ni interés» para mejorar la justicia, devolverles el nivel salarial de antes de la crisis o dotar a los juzgados de mas medios.

Y advierten de que todo ocurre «en un ambiente de desafección de la carreras judicial con sus representantes y ante una crisis de imagen de la Justicia sin precedentes».

Mientras tanto, la UPF ha emitido su propio comunicado en el que valora «los esfuerzos del Ministerio» y asegura que se ha conseguido más en cuatro meses que en los siete años anteriores de Gobierno del PP.

La UPF considera un «hito histórico» que Justicia haya reconocido su derecho a la huelga y critica que sólo ellos se mostraron conformes cuando el Ministerio les anunció que se iba a detraer la jornada de paro de los salarios de los jueces que se sumaran, mientras que otras asociaciones, denuncia, «solicitaron incluso compensación por vía de horas extraordinarias o sustituciones».

Su huelga, explica, no es «contra el actual Ministerio de Justicia actual», sino una manera de presionar a todos los grupos políticos para que acaben con la actual situación del sector.

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