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Los inspectores de Salud Pública exigen al SCS que cumpla sus compromisos

El personal protesta ante el Parlamento canario para denunciar que no se ha aplicado el acuerdo alcanzado en marzo para cubrir plazas o facilitar desplazamientos

Carmen Delia Aranda

Carmen Delia Aranda

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de febrero 2023

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Los inspectores de Salud Pública en Canarias han vuelto a reivindicar en la calle la mejora de sus condiciones de trabajo, tras comprobar que la Consejería de Sanidad no ha cumplido ninguno de los compromisos adquiridos hace casi un año con este colectivo.

El pasado mes de marzo los inspectores de Salud Pública en Canarias pusieron fin a casi diez meses de huelga tras alcanzar un acuerdo con los responsables de la Consejería de Sanidad, que se comprometieron a resolver sus principales reivindicaciones.

Sin embargo, once meses después, este documento rubricado por el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, es papel mojado, según recordó ayer el personal afectado al consejero canario de Sanidad, Blas Trujillo, en una concentración realizada a las puertas del Parlamento regional.

«A fecha de hoy, ninguno de los puntos de aquel acuerdo se ha resuelto», explica Blanca Barredo, representante de Intersindical Canaria y vicepresidenta de la Asociación de Inspectores de Salud Pública en Canarias.

«La movilización ha servido para recordar al consejero de Sanidad que hay acuerdo y que tiene que cumplirlo. Salud Pública en Canarias sigue siendo igual de precaria que hace un año, cuando estábamos en huelga. No han resuelto ninguno de los asuntos que tienen pendientes», afirma Barredo que recalca que con sus reivindicaciones simplemente quieren conseguir una inspección de Salud Pública de calidad para poder atender con garantías a la ciudadanía canaria y a los turistas.

Compromisos

El documento, pactado por los representantes laborales y el exdirector del SCS, incluye el compromiso de equiparar a los inspectores del Servicio Canario de Salud a los de los restantes puestos de inspección de la Administración Pública de la Comunidad autónoma, con idéntico complemento de destino y específico.

Además, el documento ofrecía dos alternativas para solucionar el problema de la falta de medios para el desplazamiento de los inspectores; o bien compensando al trabajador por poner a disposición de la administración su vehículo y sus medios personales de transporte o facilitándoles un vehículo de la administración.

«Para ir a los puntos a inspeccionar vamos andando o en guagua y algunos usan su vehículo particular, sin que se compense adecuadamente. La compensación por el kilometraje lleva más de 25 años congelada y todo el mundo sabe cómo está el precio del combustible hoy en día», explica inspectora.

El documento también pretendía aliviar la escasez de personal que sufre el departamento de Salud Pública y obligaba a la administración a cubrir plazas vacantes y sustituciones.

Asimismo, el acuerdo contemplaba la realización de un estudio de las necesidades de recursos humanos, espacios físicos y medios materiales en el trabajo.

Actualmente, asegura Barredo, hay unas 85 personas haciendo labores de inspección en Salud Pública en Canarias, una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades de la población del archipiélago.

En Canarias, denuncian, hay un inspector por cada 25.000 habitantes, mientras que en la península la media es de un inspector por cada 12.500 personas.

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