La ley contra la trata de seres humanos, un objetivo para esta legislatura

Según datos de 2022 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, tan solo 129 personas fueron identificadas como víctimas de trata con fines de explotación sexual, de las más de 6.600 personas detectadas en situación de riesgo por trata de seres humanos y explotación sexual. Estos datos no reflejan la dimensión real de esta grave violación de derechos humanos. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) se calcula que, por cada víctima de trata identificada, existen 20 más sin identificar.

Desde los diferentes mecanismos internacionales, en particular, el Grupo de Expertas contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), insta a las autoridades españolas, en su informe de evaluación sobre España de 2018, a adoptar un plan integral que aborde todas las formas de trata, cualquiera que fuera la finalidad de explotación perseguida y no sólo la trata con fines de explotación sexual, y a mejorar los procedimientos de identificación y asistencia a las víctimas.

A su juicio, la voluntad del Gobierno de poner en marcha una ley orgánica integral está contemplado en el Plan Normativo Anual 2023, el Plan Operativo para la Protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución (Plan Camino, 2022-2026), la Estrategia Estatal contra Violencias Machistas (2022-2025), la Estrategia de Desarrollo Sostenible (2030) y el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos (PENTRA, 2021-2023).

Del mismo modo, la Estrategia de Erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia prevé la adopción de reformas legislativas alineadas con la LO 8/2021 que garanticen una aproximación integral a la violencia hacia la infancia y la adolescencia, incluida la trata de niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, a pocos meses de que finalice la legislatura, las organizaciones ven «absoluta falta de voluntad política» por parte del ejecutivo de cumplir con este compromiso y con sus obligaciones internacionales. Por ello, piden al Gobierno que en el próximo Consejo de Ministros, que se celebre en el mes de mayo, apruebe el anteproyecto de ley para que pueda iniciar su tramitación parlamentaria y proteja los derechos de todas las víctimas.

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Por todo ello, la Red -que hace ya medio año que hizo sus aportaciones y recomendaciones- pide al Gobierno aprobar urgentemente el anteproyecto de ley en el próximo Consejo de Ministros.

«Estamos en un momento crítico a nivel político con elecciones autonómicas y municipales muy próximas y con España ostentando la Presidencia de la UE a partir del 1 de julio d 2023», señalan.

«El Gobierno no debe dejar pasar esta oportunidad para que la ley se pueda tramitar de forma urgente en el Parlamento y se apruebe antes de que se produzca la disolución de las Cortes Generales en el último trimestre del año. De no hacerse, lamentablemente España habrá incumplido con su compromiso con las víctimas de trata de seres humanos y también con sus obligaciones internacionales. Solo se trata de voluntad política. ¿A qué espera el Gobierno para hacerlo?», concluyen.