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L.R.G.
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 2 de febrero 2025, 01:00
Agustín Alemán Barreto, alias Yino, el principal investigado en el caso 18 Lovas, fue detenido en la operación Íncubo acusado de captar a jóvenes para ejercer la prostitución y explotarlas sexualmente. Algunas de las denunciantes, además, contaron que también fueron violadas, como ha informado este periódico. Yino Alemán tramitó hace poco un cambio registral de sexo declarándose mujer. Pidió ingresar en un módulo de mujeres, pero está en uno de hombres en el Centro Penitenciario Las Palmas II -Juan Grande-, pues la instrucción de integración penitenciaria de personas transexuales permite elegir el módulo de destino del reo a instituciones penitenciarias por la «identidad sexual aparente». Para el colectivo Gamá, que no entra a valorar el caso concreto, la posibilidad de que haya fraudes de ley no pone en cuestión la llamada ley trans. «La Ley LGTBI es necesaria por encima de todo» incluso «de posibles fraudes de ley». Es más, «toda norma lleva aparejada la posibilidad de fraude de ley» y esta trampa «es la que tiene que ser perseguida y sancionada», afirma María José Hinojosa, coordinadora del colectivo Gamá.
La conocida como ley trans, la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, aprobada en marzo de 2023, «desarrolla y garantiza los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (en adelante, LGTBI) erradicando las situaciones de discriminación, para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad», señala el prólogo de la misma. Según datos del Ministerio de Justicia, en el primer año de vigencia 5.139 personas registraron un cambio de sexo en España.
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«Ha costado mucho lograr la ley para su colectivo diana, LGTBI, y por la especial vulnerabilidad las personas trans», señala Hinojosa. «Que haya personas que ha rectificado su sexo y un juez o jueza lo apruebe no vamos a juzgar si se ha hecho correctamente o no. Pero quien ejerza fraude de ley sobre un derecho conquistado le hace un flaco favor a la ley», añade.
Con todo, la coordinadora de Gamá resalta que en todo caso «son excepciones», y la posibilidad de que se puedan dar esas trampas no puede estar «por encima los derechos de un colectivo».
Hinojosa si lamenta y reconoce que la posibilidad de que se de un fraude de ley «socialmente da aliento y le da voz a todas aquellas personas que están llevando a cabo discursos de odio y quieren echar por tierra la ley trans». El tema, añade, «genera debate y ruido», pero cree que «por encima de ello tenemos que seguir adelante, tenemos un marco legal».
«Es verdad que hay personas que piensan que puedan librarse de un delito» utilizando la ley trans. «Pero ya hemos salido de ese debate en el que hay mucho bulo y ganas de hacer daño. Tenemos que poner el foco en una ley que es necesaria porque viene a garantizar derechos de muchas personas y a quien intente instrumentalizar el marco legal para cometer fraude de ley que se le persiga», abunda.
Para la Red Feminista de Gran Canaria también lo importante es que la ley trans protege a un colectivo «hostigado» y considera que los presuntos fraudes de ley, como señala Hinojosa, no deben servir para señalar al colectivo trans. «Lo doloroso es que estuviera en la calle alguien con una acusación tan grave como el caso de las 18Lovas, haciendo lo mismo durante una década con menores vulnerables mientras las víctimas siguen esperando justicia y se suman nueva víctimas. Tenemos un problema con la justicia que permite dilatar un caso de violencia sexual a menores una década».
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