Vuelta al cole para 29.000 docentes canarios: el 31% de maestros y el 34% de secundaria son interinos

El profesorado canario vuelve hoy a los centros educativos para iniciar un curso marcado por la incorporación de más de mil docentes de la península que obtuvieron una plaza por méritos en la estabilización y su peor consecuencia, los 567 docentes interinos de las islas que este año no han obtenido destino y están, de momento, sin trabajo.

La plantilla docente este curso en los centros públicos de enseñanza no universitaria de las islas asciende a 28.481 profesionales, 12.404 del cuerpo de maestros y maestras y 16.087 de secundaria, según los datos actualizados de la Consejería de Educación del Gobierno canario.

Y a pesar del proceso de estabilización, que ofertó 5.000 plazas, la plantilla canaria sigue sufriendo de una elevada tasa de temporalidad, superior al 30%. El 34% de los docentes de secundaria son interinos por el 31% de los maestros y maestras que dan clase en la enseñanza pública de las islas.

Un aspecto destacado de este curso es que empieza a aplicarse el plan trianual de reducción de ratios acordado el curso pasado entre la Consejería de Educación y la mayoría de sindicatos del sector, que supone este año un aumento de la plantilla de 700 docentes. Este es un aspecto positivo en la vuelta a las aulas, pero las organizaciones sindicales advierten de que van a estar «vigilantes» para que se cumpla y sea «un punto de partida».

Llegar al 5% de inversión del PIB en Educación para solucionar los problemas estructurales de la educación canaria, dar estabilidad al profesorado interino, mejora de las condiciones laborales, atender a la diversidad o mejorar unas infraestructuras obsoletas son algunos de los retos que plantean los sindicatos docentes en el año académico que arranca en el archipiélago.

«Este curso hay avances, principalmente la revisión de ratios, con la mejora de la dotación de determinados especialistas y un aumento moderado de plantilla, pero las mejoras son un punto de partida, no de llegada, ya que todavía tenemos el problema de financiación y en este contexto de crecimiento económico en las islas y el incremento del límite de gasto de la comunidad para 2026 es una oportunidad para apostar por la educación y llegar a lo que marca la ley, el 5% del PIB de inversión», opina Pedro Crespo, presidente de ANPE en las islas. «Si no se hace ahora, lo lamentaremos cuando la coyuntura sea menos propicia», advierte.

«Vamos a estar vigilantes para que se cumpla el acuerdo de reducción de ratios, que debe aplicarse de aquí a tres años. Lo firmamos porque entendemos que es un desahogo para el profesorado, por lo menos hay una ampliación de la plantilla, pero es una mejora para empezar», destaca Gerardo Rodríguez, portavoz del STEC, quien incide también en la escasa financiación: «Una educación que no llega al 5% del PIB es una educación quebrada y en los dos últimos años ha bajado la inversión».

El mal estado de las infraestructuras educativas debe ser, según los sindicatos, un objetivo claro de ese aumento de la inversión. «Se necesitan centros nuevos, los del sur de las islas capitalinas están saturados y en algunos se han puesto aulas modulares en los patios», relata Rodríguez.

En este aspecto, ANPE reclama «acelerar la climatización de aulas, la creación de zonas de sombra y el techado de canchas, así como la eliminación de barracones y la rehabilitación energética de edificios».

Otro reto es la atención a la diversidad, el «gran desafío» según el presidente de ANPE. «Para nosotros es lo más acuciante de todo, cada año aumenta el número de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo y los recursos, aunque se aumentan un poquito, son muy insuficientes», argumenta Crespo.

En esta línea detalla que «faltan especialistas y medidas adicionales de reducción de ratios, porque no es lo mismo un aula donde tienes uno o ningún alumno NEAE que una donde tienes cuatro». También reclama «programas de apoyo idiomático e integración para alumnado no hispanohablante».

La entrada en funcionamiento de la plataforma Doramas y el plan para simplificar las tareas burocráticas es otra de las novedades del curso que los sindicatos docentes destacan. «A priori se va a gestionar mejor todo el tema burocrático, en Doramas se van a centralizar todas las tareas del profesorado, se van a eliminar duplicidades de memorias e informes y nosotros en este aspecto nos congratulamos de haber también contribuido», señala el portavoz del STEC.

ANPE espera que se apliquen este curso el plan de acciones efectivas para reducir la excesiva carga burocrática del profesorado, pero advierte de que su eficacia dependerá mucho de la manera en qué se concreten las medidas incluidas.

Y los sindicatos ponen también sobre la mesa la exigencia de mejoras retributivas. «Llevamos más de una década perdiendo poder adquisitivo, diez puntos desde 2020, y varios años con complementos congelados», afirma Crespo.

«Esperamos la actualización de los sexenios, cargos de coordinación, tutorías o jefaturas de departamento, estancados desde 2018. La vida se ha encarecido y el poder adquisitivo del profesorado canario bajado», dice el portavoz del STEC.

El STEC señala como el gran aspecto negativo del curso el que «muchos interinos canarios se han quedado sin su plaza y otros han salido a destinos a considerable distancia de sus centros» por la incorporación de docentes de la península que obtuvieron una plaza por méritos en el proceso de estailización». Y espera que en esta primera semana de septiembre por lo menos aquellas personas con más años de experiencia puedan lograr un destino a curso completo.

En la misma línea se pronuncia ANPE: «Hemos pedido a la consejería que especialmente aquel profesor interino que tuviese ya cierta antigüedad, por lo menos todos los que están en el bloque 1 [con más de cinco años dando clase], tengan trabajo en las adjudicaciones de esta primera semana». De los 567 interinos afectados, 110 se encuentran en esta situación y algunos suman hasta dos décadas de experiencia.

«Además, nosotros vamos a luchar a partir de ahora por acabar con el abuso de temporalidad, vamos a continuar con la misma lucha pero por otro carril, que es exigir que se cumplan las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia que indican que se tiene que hacer fija la plaza cuando haya abuso de temporalidad y haya más de tres años de contrato temporal», adelanta el portavoz del STEC.

«Las decisiones del Tribunal Europeo de Justicia son vinculantes para los estados miembros de la Unión Europea y tenemos que luchar por eso», añade.

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