«¿Por qué no puedo volver a clase con mis compañeros?»

El viernes acabó el curso escolar. Un año intenso en el que se ha vuelto a la vieja normalidad en las aulas. Miles de niños, niñas y jóvenes de las islas disfrutarán del verano y se incorporarán a las aulas el 11 de septiembre. 94, en cambio, no podrán. Son chicos y chicas con discapacidad que han estado escolarizados pero que, al cumplir 21 años en 2023 ya no pueden matricularse. Dailos es uno de ellos. El joven los cumple en octubre y no podrá iniciar el curso. Su madre, Francisca García acaba de aprobar unas oposiciones en Correos. Está divorciada y se encarga sola de su hijo, que no tiene una alternativa formativa por la falta de plazas en centros ocupacionales.

Sonia acaba de celebrar su orla en el instituto Lomo de La Herradura de Telde. En agosto cumple los 21 años. La joven ya no podrá regresar al aula enclave, las unidades de escolarización en centros educativos ordinarios en las que se proporciona respuesta educativa al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en la que ha estado formándose. Marta Rodríguez y Pedro Miranda son sus padres. Ella no trabaja, tienen otra hija también con discapacidad, aunque ha logrado entrar en la Formación Profesional Adaptada, donde podrá estar hasta los 23. «El otro día Sonia nos preguntaba por qué no podía volver a clase. Se me rompía el alma», dice su madre.

A Dailos le gusta tanto el instituto que «los sábados prepara la ropa que va a llevar el lunes», dice su madre, que interpuso un recurso a Educación pidiendo la prolongación de la escolarización de su hijo que le llegó denegado. Pedía ampliar su escolarización hasta que logren algún recurso sustitutivo. Es una de las reivindicaciones de la plataforma Y ahora ¿qué hacemos?, que impulsa Ruth Santana, madre de Texeida, quien lleva ya tres años fuera del sistema educativo. «En nuestra plataforma de las 60 familias hay once en la que los chicos y chicas ya no podrán volver a su clase», explica Ruth. El resto, medio centenar, siguen a la espera de una plaza, algunos desde hace seis años.

Kirian lleva «dos años en la calle», según lo expresa su madre, Encarna García. En este tiempo ha visto cómo su hijo ha perdido parte de las capacidades que había adquirido gracias a la escolarización. «Se ha vuelto muy repetitivo. Me dice 'Mami y cuando...' y le digo 'Cariño, hay que esperar'. Le marco unas rutinas para que aunque sea tres días a la semana haga algo. Pero a él se le hace un mundo, como que sigue en la pandemia. Continúa encerrado». Ya solo saber que no vuelven les afecta, reconoce la madre de Dailos. «Él lo sabe y su comportamiento está siendo diferente. Él se expresa con una actitud un poquito arrebatada. Ya él es consciente y la profesora también se lo ha explicado y ya está actuando de otra manera, está actuando mal. Las reacciones en el transporte.. Ya le está afectando por todo lo que oye».

«Sonia nos dice 'y cuándo se me acaben las clases a dónde voy a ir yo?'. Te quedas frío. Precisamente esta mañana dice 'qué vamos a hacer porque quiero estar con mis compañeros'. Y no sabes qué contestar. 'Bueno, ya buscamos alguna forma de estar con tus compañeros o si no con compañeros nuevos' le digo. Pero se nos hace cuesta arriba porque sabemos que Sonia el próximo año se va a quedar en un limbo salvo que haya alguna solución por parte política. Que se impliquen un poco y puedan dar una solución a las necesidades de nuestra hija o de los demás niños», dice su padre, Pedro Miranda.

La madre de Kirian no trabaja. «No puedo tener una jornada laboral. Me veo sola con él», explica. Su marido la ayuda «para que respire», dice.

La hija de Macarena López es gran dependiente. Tiene una discapacidad del 96%. «No se maneja, no habla y se autolesiona». Requiere atención constante. De momento está en un centro especial, en San Juan de Dios. Pero esta también acaba a los 21 años. Este agosto cumplirá 20.

«Es demoledor. Todo esto te genera malestar y ansiedad», dice Ruth, que recuerda que tampoco tienen la opción de los campus de verano.

A muchas familias, además, les ha cogido por sorpresa que al acabar la escolarización de sus hijos e hijas no tuvieran la alternativa de una plaza pública ocupacional o en centros específicos. En algunas asociaciones privadas sí hay, pero la familia tiene que aportar entre 250 y 350 euros, señala Ruth. «Tienen proyectos y servicios increíbles, pero muchas familias no pueden afrontar el gasto», lamenta.

En enero de este año el Consejo escolar de Canarias presentó su Informe sobre la realidad educativa de Canarias 2022. En él la institución constataba que el 70% del alumnado con necesidades especiales «desaparece» del sistema educativo canario tras la etapa básica. El estudio, que se centraba en aspectos de equidad e igualdad. Para el Consejo Escolar, es necesaria más coordinación entre las administraciones para que las personas con discapacidad o necesidades especiales de educación puedan seguir formándose y optar a un empleo. Entre otras, por ejemplo, ampliar la oferta de Programas de Formación Profesional Adaptada a un mayor número de familias profesionales. «Una gran mayoría de estos chicos y chicas tienen capacidades. Educación se escuda en que no se puede saltar la ley para ampliar la edad en la que están en los centros escolares, pero sí se la incumplen con estos chavales mandándolos a la lista de espera», dice Ruth.

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