Mesa de diálogo sobre la polémica orden de educación de adultos

Los directores de los centros de educación de personas adultas (CEPA) exigieron este viernes a la consejera canaria de Educación, Manuela Armas, la derogación de la orden que limita el número de años para cursar esta formación y recibieron el compromiso de crear una mesa de diálogo para intentar solucionar el problema. La reunión fue convocada por la Diputación del Común, institución que ha actuado como mediadora, y a ella acudieron la máxima responsable de la administración educativa canaria, los directores de los CEPA de Gáldar, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana y Las Palmas de Gran Canaria, así como Rafael Yanes, diputado del Común, y el adjunto primero, Felipe Afonso, según informó el organismo en un comunicado.

Los responsables de los CEPA pidieron la derogación de la orden de 27 de octubre de 2021, que modifica la establecida en 2017, por la que se establecen las normas de organización y funcionamiento de los CEPA. En ella se especifica que «el alumnado de la formación básica inicial podrá permanecer matriculado en dicho periodo formativo, como máximo, dos cursos académicos adicionales al número de cursos establecidos con carácter general a dicho periodo» y los responsables de los centro consideran que esta normativa es demasiado restrictiva y que vulnera el derecho a la educación permanente a lo largo de la vida. «El alumnado de esta enseñanza no puede aprender a leer y escribir en cuatro años para pasar a Secundaria, por lo que estamos luchando para que estos casi 5.000 alumnos puedan disponer del tiempo que necesiten en la formación básica para luego», señalaron los directores.

La consejera de Educación aseguró que «estamos intentando entendernos y ver qué soluciones pueden plantearse, por lo que se puede llegar a un acuerdo sin problema». Armas destacó la importancia de esta reunión de mediación con los directores de los CEPA, «ya que ellos trabajan con adultos y conocen sus necesidades y, por ello, estamos dispuestos a escucharlos y a mejorar la situación de este colectivo, ya que la educación a lo largo de la vida es un aspecto fundamental en cualquier sociedad». Con este propósito, la consejera se comprometió a crear una mesa de diálogo sobre la formación de adultos.

Yanes, por su parte, señaló la importancia de esta reunión en la que «se ha consolidado el papel de mediador del Diputado del Común entre la administración pública y la ciudadanía y la conclusión de abrir una mesa de diálogo es un éxito» de las dos partes.

Los responsables de los centros de adultos alertaron en un comunicado cuando se publicó la polémica orden que «el perfil de este alumnado comprende personas mayores, en proceso de envejecimiento activo, alumnado con necesidades educativas especiales que encuentran en esta modalidad una respuesta a sus demandas de socialización y aprendizaje, alumnado derivado de los servicios sociales municipales, en algunos casos, en riesgo de exclusión social; asimismo, alumnado extranjero con dificultades de integración a causa del idioma, y finalmente, alumnado en otras múltiples situaciones. Un gran porcentaje de ellos, en su mayoría mujeres pero también hombres, forman parte de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad».

Las direcciones de los CEPA entienden que «restringir el acceso a la educación permanente a lo largo de la vida a cualquier persona, y en especial a este perfil de alumnado, es llevar a cabo una discriminación selectiva en centros públicos de enseñanza voluntaria a personas a las que les asiste el derecho a la educación, tal como dicta la Constitución española y resto de leyes».

Son las personas adultas que reciben formación básica inicial en Canarias en los CEPA. Los responsables de los centros creen que la orden de Educación limitando los años para cursarla dejará fuera del sistema a muchas personas vulnerables.

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