La ley canaria que da más competencias a los consejos sociales universitarios entra en vigor
El BOC publica este lunes la norma, que busca «concretar y ampliar» las funciones de estos órganos. Las universidades públicas temen por su autonomía
La nueva ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias ya está en vigor. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica este lunes su modificación, que contempla «los ajustes necesarios» para su adaptación a la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la norma estatal, más conocida como LOSU. Se trata de una iniciativa cuestionada por los rectores de las universidades públicas del archipiélago, ya que creen que puede interferir en la autonomía de las instituciones académicas.
El Parlamento canario aprobó el texto el pasado 9 de julio, pese a la oposición manifiesta y reiterada de los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, y de La Laguna (ULL), Francisco García. El documento establece que la nueva ley busca «superar las dificultades» con las que estos órganos han tropezado, así como «concretar y ampliar» sus funciones como «mecanismo de participación de la sociedad canaria en sus universidades» y como «espacio de rendición de cuentas de esta ante aquella».
Especifica, a su vez, que se trata de una entidad con plena autonomía orgánica y funcional, que está integrada en la universidad, pero no forma parte de su jerarquía.
Siendo así, sus competencias se desarrollan en cuatro grandes ámbitos, que son: planificación, programación y promoción de las actividades universitarias; supervisión y rendición de cuentas de la actividad económica, así como del rendimiento de los servicios e integridad «que debe guiar todas las actuaciones de la universidad, en particular la función docente e investigadora»; y la promoción de la relación con agentes y entidades sociales, económicas y culturales, y con antiguos estudiantes, «con especial atención a la captación de recursos».
El rector de la ULPGC, Lluís Serra, señaló como uno de los puntos más conflictivos de la norma, la necesidad de informes favorables de los consejos sociales para la «creación, modificación o supresión de institutos universitarios de investigación, escuelas de doctorado y cualesquiera otros centros o estructuras necesarias para el desarrollo de las actividades académicas», que contempla el apartado 'c' del artículo 3.
Expertos de la universidad grancanaria concluyeron en un informe que, por cuestiones como esta, la ley va más allá de una mera adaptación a la LOSU y amplía «desmesuradamente» el ámbito de las competencias de los consejos sociales.
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Estos órganos también podrán suscribir acuerdos, otro asunto marcado en rojo por la ULPGC y la ULL. Se trata, no obstante, de «acuerdos y convenios de colaboración con entidades públicas y privadas que guarden relación con el desarrollo de sus competencias». Eso sí, la promoción de la suscripción de acuerdos y convenios podrán desempeñarla «en todos los ámbitos universitarios».
Del mismo modo podrá participar en «asociaciones y redes de cooperación tanto nacionales como internacionales con otros consejos sociales» u órganos universitarios similares.
Otro artículo que ha sufrido cambios es el 6, relativo a la composición de estos órganos. Así, estará integrado por 28 miembros, seis en representación de la comunidad universitaria y 22 de los «intereses sociales».
El Gobierno canario propondrá a tres vocales, a través de la Consejería de Universidades, mientras que el Parlamento a otros tres, de forma proporcional a la representación de la Cámara. Los Cabildos, organizaciones sindicales o empresariales también participarán en esta parte, así como los rectores, que solo podrán proponer a dos miembros.
Una comisión delegada específica para las universidades públicas
La modificación de la ley sobre Consejos Sociales de Canarias también contempla ajustes en las funciones, composición y estructura organizativa del Consejo Universitario canario, órgano de consulta y asesoramiento del Ejecutivo regional, que busca «promover y facilitar el ejercicio de las competencias de coordinación de las universidades» del archipiélago. Así, la nueva norma recoge la creación de una comisión delegada que «se ocupe de los asuntos que afectan exclusivamente a las universidades públicas, todo ello con el objetivo de mejorar y facilitar su funcionamiento».
