Universidad y sociedad: más cerca que nunca gracias a los Consejos Sociales

Fortalecer las competencias de los Consejos Sociales no es un ataque a la autonomía universitaria. Es, en realidad, una extensión de la democracia hacia un espacio que tradicionalmente ha estado excesivamente autorreferenciado. Porque los Consejos Sociales son, ni más ni menos, que la forma institucionalizada de garantizar la participación de la sociedad en el gobierno de la universidad pública. Y esto no es una amenaza: es una oportunidad histórica.

En los últimos tiempos, hemos escuchado voces que alertan sobre el supuesto riesgo de una «injerencia externa» si se refuerza el papel de estos órganos. Pero conviene recordar lo esencial: los Consejos Sociales no intervienen en los contenidos académicos en términos curriculares ni condicionan la libertad de cátedra, ni dictan líneas de investigación. Su papel es otro: garantizar la conexión de la universidad con su entorno, velar por la buena utilización de los recursos públicos y canalizar las demandas sociales hacia el sistema universitario. Desde esa función, también les corresponde impulsar que la oferta formativa se mantenga alineada con las necesidades reales del tejido productivo y social, favoreciendo así una mejor inserción del talento universitario en la economía y en la vida pública.

Las universidades deben mirar más hacia afuera y menos hacia dentro. Ese es uno de los grandes retos del siglo XXI. La universidad del futuro no será una fortaleza encerrada en sí misma, sino una institución abierta, permeable, dialogante con su contexto. Y para lograrlo, necesita reforzar sus vínculos con la sociedad a través de órganos como los Consejos Sociales. No se trata de sustituir la voz del claustro ni del consejo de gobierno, sino de añadir nuevas voces, nuevas miradas, nuevas prioridades.

Fortalecer los Consejos Sociales es una nueva conquista social. Es abrir la universidad al tejido productivo, al mundo profesional, al tercer sector, a las administraciones locales, a la ciudadanía. Es permitir que la sociedad, que ya financia a nuestras universidades, tenga también un cauce legítimo para participar en su orientación estratégica. Porque si no se favorece esa participación, será muy difícil que la sociedad sitúe a la universidad entre sus prioridades. Y sin esa prioridad compartida, la financiación universitaria seguirá siendo un asunto periférico. No olvidemos que la universidad es de la sociedad, debe sentirla como propia, y debe servir a su progreso, su bienestar y su desarrollo sostenible, como ya estableció la Ley de Reforma Universitaria de 1983.

Este es, en el fondo, un debate sobre legitimidad y confianza. Las universidades deben seguir siendo espacios libres, críticos y autónomos, pero también instituciones útiles, comprometidas y cercanas. Y para ello necesitan gobernarse de forma más compartida. Nadie está planteando convertir los Consejos Sociales en órganos ejecutivos o de control político. Lo que se plantea es que sean un espacio de diálogo plural en el que estén representados el gobierno universitario, el ámbito político-institucional y los agentes sociales y económicos. En ese marco, la propuesta que actualmente debaten los legisladores canarios para reformar la ley de Consejos Sociales representa un paso adelante que acerca el modelo de las universidades públicas canarias al de los países europeos más avanzados. Así lo reconoce también el informe de la OCDE y la Comisión Europea titulado 'Mejorar la transferencia de conocimiento y la colaboración entre ciencia y empresa en España' (2024), que plantea como vía de mejora «transformar por completo el sistema de gobernanza actual para dar una voz efectiva a las partes interesadas externas en el establecimiento de la estrategia de la universidad», o bien «fortalecer efectivamente el papel y capacidades de los consejos sociales», dotándolos de recursos, autonomía y representación suficiente para cumplir con eficacia su función. Las recomendaciones internacionales, por tanto, apuntan con claridad hacia una gobernanza más abierta, compartida y orientada al impacto.

También conviene recordar el alcance real del principio de autonomía universitaria tal como figura en el artículo 27.10 de la Constitución Española: «Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca». Esa segunda parte de la frase, a menudo ignorada en el debate público, deja claro que la autonomía universitaria no es absoluta ni ajena a los marcos normativos que regulan el funcionamiento de las instituciones públicas. En este contexto, la participación de la sociedad a través de los Consejos Sociales no puede interpretarse como una injerencia, sino como una forma legítima y plenamente compatible con el orden constitucional para reforzar la corresponsabilidad democrática en el gobierno de la universidad.

En muchos países con sistemas universitarios más avanzados, como Estados Unidos, Reino Unido o los países nórdicos, los órganos de gobernanza externa tienen un papel clave y respetado. Son aliados estratégicos, no intrusos. Aquí, en cambio, aún arrastramos una cierta desconfianza hacia todo lo que no provenga del interior del sistema. Esa desconfianza debe superarse. Porque una universidad que solo se escucha a sí misma corre el riesgo de perder el hilo de su tiempo.

La universidad necesita a la sociedad. Y la sociedad necesita universidades más excelentes y eficientes, más innovadoras, más conectadas con la realidad que vivimos y respaldadas por un plan de financiación adecuado. Pero para que eso ocurra, debe existir un compromiso recíproco, un contrato de confianza. Y los Consejos Sociales pueden y deben ser los notarios de ese contrato. Convertirlos en actores estratégicos no es restar autonomía: es añadir legitimidad, responsabilidad y futuro.

Ha llegado el momento de una nueva cultura universitaria, donde la excelencia científica conviva con la responsabilidad social, donde la libertad se combine con la rendición de cuentas, y donde la universidad deje de ser un fin en sí misma para convertirse en un instrumento poderoso al servicio del desarrollo colectivo. Y eso, precisamente eso, es lo que representa el fortalecimiento de los Consejos Sociales. No es un retroceso institucional. Es un salto democrático y un avance para nuestro futuro.