El rector de la ULPGC, sobre la ley de consejos sociales: «Perjudica la agilidad para responder a los retos»

Los rectores de la Universidad de La Laguna, Francisco García, y Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, han dicho este miércoles que la propuesta de modificar la ley de consejos sociales y de coordinación del sistema universitario canario podría erosionar el principio de autonomía universitaria.

En comisión parlamentaria en la que han comparecido para hablar de la propuesta para modificar la citada ley, de 2003, para adaptarla a la normativa estatal, han cuestionado asimismo que con la actual proposición de ley se podría perjudicar la agilidad de las universidades públicas canarias para responder a los retos.

Los rectores han insistido en que lo que necesitan las universidades públicas canarias es financiación, y así Francisco García ha apuntado que lo que se necesita es debatir cuestiones como un contrato programa para la financiación de las universidades públicas.

Lluís Serra ha explicado que lo que necesitan las universidades públicas canarias es ayuda para tramitar títulos académicos, porque, ha insistido, se sufren retrasos para acreditar, por ejemplo, un máster en protección radiológica ambiental, que no se podrá impartir este curso porque la agencia de calidad de Canarias «además de retrasarse« en su aprobación ha presentado un informe negativo.

Los dos rectores destacaron la buena relación con los consejos sociales y Francisco García ha declarado que lo que está pendiente es que los centros universitarios públicos de las islas tengan financiación estable para poder planificar a largo plazo, sin estar cada año regateando para tener recursos al curso siguiente.

Lluís Serra ha reconocido la importancia de la leyes, pero, ha añadido, que en ocasiones no incluyen aportación económica, y así la LOSU obliga a que los alumnos hagan prácticas en empresas, lo que ha obligado a las universidades a cotizar por ello a la Seguridad Social.

Algo que ha originado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria un gasto superior a los 300.000 euros, que ha tenido que detraer de otras áreas, y ha recordado que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha acumulado un déficit de 10 millones de euros en los últimos años.

El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, ha incidido en que las universidades públicos canarias cumplen tanto con la misión académica de formar como en la de mejorar la formación de la sociedad, y, «algo que la diferencia de las públicas», la de investigar y transferir conocimiento, y así de las 184 tesis doctorales que se leyeron en 2023 todas eran de los centros públicos.

Ante las preocupaciones de los rectores por la afección que la modificación de la ley pueda tener en la autonomía universitaria y la agilidad para adoptar decisiones han presentado enmiendas, de forma que se circunscriba la función de los consejos sociales y que sus informes no sean vinculantes.

A juicio del rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, se ha perdido la oportunidad de regular las universidades en su conjunto y no sólo sus consejos sociales.

Lluís Serra también ha hecho referencia a que en Canarias hay cinco universidades privadas y dos públicas, una ratio que, ha dicho, no se da en ningún otro territorio de la UE, y ha asegurado que no es contrario a los centros privados.

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