La nueva ley de consejos sociales universitarios de Canarias sale adelante «sin consenso»
La oposición denuncian «fricciones» en la tramitación de la norma y el rechazo a la mayor parte de las enmiendas
La adaptación de la Ley sobre consejos sociales y coordinación del sistema universitario de Canarias ha sido aprobada este miércoles en sesión parlamentaria. El Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nueva Canarias-Bloque Canarista y Vox denunciaron que la norma llegó al Parlamento «sin consenso» y que la mayor parte de las enmiendas presentadas fueron rechazadas.
La diputada socialista, Yaiza López, puso el foco en la oposición de los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y de La Laguna (ULL), Lluís Serra y Francisco García, a la nueva ley, al considerar que interfiere en la autonomía universitaria.
No obstante, todos los grupos parlamentarios se han mostrado a favor de adaptar el texto a la ley orgánica estatal del sistema universitario (LOSU) de 2023, que así invita a hacerlo.
López insistió en que no se trata de una «ley cualquiera», sino de una que «modifica el modelo de gobernanza» de las universidades públicas canarias. «Queríamos una ley más sólida, equilibrada y con pleno encaje normativo, pero predominó el no, no nos aceptaban casi ninguna de las enmiendas«, puntualizó.
Recordó también la negativa del Consultivo a pronunciarse sobre la norma. «No se ha querido escuchar a los rectores ni al Consejo de Gobierno de las universidades, ni a los estudiantes ni a las advertencias de la CRUE», agregó, para apostillar que el texto finalmente aprobado ha cambiado, pero no mejorado.
Por último, lamentó que las universidades privadas gozan de mayor representación en el Consejo de Gobierno universitario, con cinco representantes frente a cuatro. «Estas decisioens reflejan el mismo patrón, quitar peso a lo público para concentrarlo en manos del Gobierno o de actores privados», sentenció.
La diputada por NC-BC, Carmen Hernández, lamentó las «discrepancias» en la ley, con el cruce de demandas entre los propios consejos sociales y las universidades públicas canarias. «Situamos nuestra posición buscando el equilibrio«, manifestó, que pasaba por reconocer la »importante misión« de estos órganos, sin que la autonomía universitaria se viera afectada.
Ensalzó la figura de los consejos sociales, que «aseguran que los intereses de la ciudadanía canaria se tengan en cuenta en la planificación y ejecución de actividades universitarias», el impulso de proyectos o programas que contribuyan al desarrollo económico y social de la universidad, el fomento de la relación público privada o su labor de control y transparencia.
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Si bien, lamentó que no se aceptaran algunas propuestas, como la representación de los ayuntamientos con sedes universitarias en el Consejo de Gobierno universitario. Pidió, a su vez, transparencia al Ejecutivo canario a la hora de tramitar la creación de universidades privadas.
Por su parte, Nicasio Galván, de Vox, enfatizó que esta ley «debería haber nacido del consenso», pero «no ha sido así». Se preguntó si no existe un enfrentamiento real con las universidades, pues no solo han existido discrepancias en esta cuestión, sino que también en la puesta en marcha de la nueva ley de Ciencia. «Nosotros no tomamos partido por unos o por otros, lo que queremos son leyes buenas para Canarias», aseveró.
Recriminó que la norma «limita» a las universidades privadas, ya que no se contempla la creación de nuevas entidades de este tipo en el archipiélago y «todo el tema del género», que tildó de «absurdo». «La gente debe estar por su valía, no por cuotas», agregó.
Vidina Espino, del Grupo Nacionalista Canario (CCa), puso en valor que esta norma permite «abrir» las universidades públicas a la sociedad, y especificó que el artículo 1 bis delimita las competencias de los consejos sociales, que no interfiere en la autonomía universitaria, pues no tiene que ver con la programación, con el contenido o con la elección del profesorado, sino con vigilar el buen uso de los recursos, impulsar la colaboración entre universidades y sociedad o fomentar la participación.
Del mismo modo remarcó que las universidades privadas no tendrán ni voz ni voto en las decisiones de las universidades públicas en el marco del Consejo de Gobierno universitario.
Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), resaltó el «esfuerzo colectivo» empleado a impulsar la norma, «aunque se nigue», que ven la luz en un texto que «respeta la autonomía universitaria» y recoge los «principios de transparencia, control público y vinculación social que deben garantizar cualquier institución financiada con fondos públicos».
Raúl Acosta, del Grupo Mixto, también puso el foco en ese esfuerzo y en las reuniones mantenidas para acercar posturas y en la necesidad de adaptar la norma a la LOSU y a la realidad actual.
María Saavedra, del PP, mencionó a su vez el trabajo «arduo» de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante la norma. «Necesitamos universidades abiertas, comprometidas con su entorno y consejos sociales útiles y fuertes», señaló, para agregar que la ley avanza en esa dirección.
