La ley de autoridad docente divide a la comunidad educativa canaria: «No entendemos a qué viene»
Familias y alumnado critican que solo «buscan ganarse el favor del profesorado». El Consejo Escolar de Canarias pide consenso
El anuncio de la proposición de ley para el reconocimiento de la autoridad del profesorado ha provocado una división en la comunidad educativa de Canarias. No todas las partes están de acuerdo con la medida. Por un lado, los sindicatos docentes ANPEy STEC la celebran, mientras que por otro las familias y el estudiantado arremeten contra ella. «No entendemos a qué viene», resume el vicepresidente de la Federación de Ampas de Gran Canaria, FAPAGaldós, Sergio de la Fe.
La norma persigue mejorar la convivencia escolar, reducir los conflictos en el aula e impulsar el reconocimiento social del profesorado. Para ello, contempla el refuerzo del respaldo jurídico y psicológico por parte de la Administración cuando se dé una situación de conflicto, así como otorgar al docente la presunción de veracidad en estos casos.
Las críticas que está recibiendo son varias y diversas. Una de ellas se centra en la forma en la que se está tramitando, como proposición de ley por parte de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI).
El Ejecutivo regional asegura que se ha optado por esta vía para agilizar su puesta en marcha, pero las familias y el alumnado desconfían. «Al hacerlo de esta manera no tienen que pasar por el preceptivo del Consejo Escolar de Canarias para conocer cuál es la opinión de la comunidad educativa en su conjunto», matiza de la Fe, que también representa a las familias en este órgano.
En la misma línea se manifiesta la Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca), que defiende que «las normas tienen que ser participadas para que realmente sean efectivas y aceptadas por la comunidad educativa. Si viene sin diálogo ni va a poder cumplir bien su función ni va a ser bien acogida por todos los sectores», especifica su secretario general, Daniel R. Gallart.
Ambas voces reparan en otro punto de la propuesta que les chirría: «Redunda en la autoridad docente», señala de la Fe, quien recuerda que esta condición ya está reconocida en la ley estatal, la Ley Orgánica de Educación, y en el decreto de conviviencia impulsado por Canarias en 2011. Por este motivo cree que es un acto «demagógico» para «ganarse el favor de los docentes».
El Consejo Escolar de Canarias se muestra más neutral ante la noticia. Su presidenta, Natalia Álvarez, apunta que el órgano participativo siempre ha insistido en la «puesta en marcha de acciones que valoren y refuercen el papel de los equipos docentes» y asegura que está al «servicio del Parlamento» para comunicarle el «análisis y seguimiento» que efectúe de la nueva normativa.
Del mismo modo, aboga por que todas las voces de la comunidad educativa se expresen, si así lo desean, y sean escuchadas. «Todo lo que sea escuchar, dialogar y llegar a acuerdos, para que las normas sean lo más consesuadas socialmente en la comunidad educativa, para nosotros es muy importante», sentencia.
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El autoritarismo, en cuestión
De la Fe y Gallart coinciden en que es necesario realzar al docente como figura de referencia en las aulas, pero cuestionan que se haga desde el «autoritarismo». Ambos consideran que sería más propicio mejorar o reformar el decreto de convivencia, ya que, así, «los derechos y deberes del profesorado se verían contrapesados con los derechos y deberes de otros sectores, como es el alumnado», apostilla el secretario general de Udeca.
«Nosotros proponemos ensalzar la figura del docente dotándole de más apoyos en el aula, eximiéndole de tareas burocráticas, reduciendo la dramática movilidad que tiene o aportando soluciones a cómo se les ha tratado con el régimen de interinidad por parte del Gobierno canario. Con todo eso, y más, el retrato que vemos es que la administración es la que falta el respeto al docente», expone de la Fe.
En el otro extremo se sitúan ANPE y STEC, que aplauden la medida ante lo que creen una creciente desprotección del profesorado en conflictos y la pérdida de reconocimiento social. Desde ANPE resaltan que una ley autonómica ayudará a «reforzar» la condición de autoridad pública del profesorado y a «desarrollar mecanismos específicos de protección y apoyo a los docentes».
«También tenemos que preguntar al alumnado y a sus familias si existe o no abuso del profesorado»
Para Sergio de la Fe, vicepresidente de la Federación de AMPAS de Gran Canaria (FAPAGaldós), la proposición de ley para el reconocimiento de la autoridad docente hace aguas en muchos aspectos. No se explica, por ejemplo, que la iniciativa no esté «fundamentada en ningún dato». «No hay datos oficiales que nos expliquen la grave acusación que supone para toda la comunidad educativa, pero en especial para el sector del alumnado y su familia, sobre que se le está faltando el respeto a los profesores, en definitiva, que se les está agrediendo», profundiza.
De la Fe considera que esta situación no es más que un «brindis al sol», ya que se está legislando en base a «habladurías». Sobre los datos que sí ofrece el sindicato docente ANPE, a través del defensor del docente, matiza que se trata «de una figura sindical, no oficial, que no existe ni en el Gobierno de Canarias ni en la Consejería de Educación».
El vicepresidente anuncia que desde FAPA Galdós han enviado una solicitud al Consejo Escolar de Canarias para que «someta al análisis de la comunidad educativa» esta proposición de ley, en la que se pregunta dónde están esos datos. Pero no solo eso. También se cuestiona sobre la existencia de informes que aborden «cómo es percibida la autoridad docente y si existe o no abuso de esa figura dentro de las aulas canarias», desde que fuera reconocida en el año 2006, a través de la Ley Orgánica de Educación. «Lo mismo que tenemos que hablar de una cosa, tenemos que hacerlo desde el otro lado del tablero. Ver cómo se percibe la autoridad docente por parte del profesorado, si piensa que está menoscabada, en base a datos fidedignos, pero también hay que preguntar al alumnado y a sus familias cómo percibe el uso de la autoridad docente dentro del aula», defiende.
El también representante de las familias en el Consejo Escolar de Canarias considera que es «sangrante»que ningún miembro del Ejecutivo canario, de la Consejería de Educación o de los grupos parlamentarios que impulsaron la proposición de ley no se haya puesto en contacto con los representantes de las familias o el alumnado. «Si hubieran contactado con nosotros ya les hubiéramos contado que la autoridad docente ya existe y que está reconocida desde el año 2006». «Por otro lado, decirles que calcar la ley de la Comunidad de Madrid es de mal estudiante, porque después de 15 años ya ha pasado tiempo suficiente para saber si ha tenido efectos positivos», agrega.
Sobre la autoridad docente cita a Spiderman y recuerda eso de que «todo poder conlleva una gran responsabilidad», por lo que considera preciso regular los deberes del profesorado. Enumera algunos de ellos:«Imparcialidad objetiva, respeto a la dignidad del alumnado, obligación de la formación, comunicación respetuosa con el alumnado y sus familias y la ejemplaridad en el cargo». «Aquí todos sabemos que el respecto se gana con respeto», sentencia.
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