25 docentes han denunciado agresiones este curso: «Hasta recibí puñetazos»
La directora de un colegio grancanario narra el ataque que sufrió por una madre y considera «esencial» la ley de autoridad docente
«Recibí puñetazos, me tiraron al suelo y me rompieron hasta el vestido». Fátima (nombre ficticio, pues prefiere mantenerse en el anonimato) es directora de un colegio público grancanario y el pasado noviembre vivió un auténtico episodio de terror en el centro. La madre de un alumno «perdió los papeles» y la emprendió a golpes contra ella y otros cuatro docentes. «Lo peor» fue que el alumnado lo presenció. El sinsentido en el que se vio envuelta le costó un collarín y un mes de baja para recuperarse de las secuelas psicológicas.
La docente asegura que hay violencia que se ejerce en las aulas y «la verbal es prácticamente diaria», incide, y por ello considera «esencial y vital» la proposición de ley para el reconocimiento de la autoridad docente, presentada la semana pasada por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno canario (CC, PP, ASGy AHI).
Una iniciativa que ha recibido aplausos por parte de los sindicatos docentes ANPE y STEC y críticas por el alumnado y representantes de las familias, sobre todo por cómo se ha decidido impulsar «ignorando deliberadamente los cauces democráticos de diálogo con la comunidad educativa», tal y como refirió en un comunicado la Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca). Ambos colectivos insisten en que existen otras fórmulas para reforzar la figura del profesorado, al margen del «autoritarismo».
Por el contrario, para la directora del colegio grancanario la medida supone un «baluarte» para los docentes que han sido agredidos. «Te da bastante tranquilidad, otra cosa es la parte jurídica, que va lentita», lamenta.
Los datos que maneja la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias señalan que el caso de Fátima no es aislado, pero en absoluto generalizado entre un coplectivo que supera los 20.000 profesionales.
Este curso se han denunciado judicialmente 25 agresiones, once más que el año pasado, cuando se registraron 14. El 48% corresponde a la provincia de Las Palmas, con un total de 12, mientras que el 52% restante a la de Santa Cruz de Tenerife (13).
La situación empeora en las islas capitalinas, con 10 casos en Gran Canaria, siete más que en el curso 2023-24, y 9 en Tenerife, donde se mantienen. Luego sigue La Gomera, con 4, y Lanzarote y Fuerteventura, con un caso cada una.
De las 25 agresiones once se atribuyen a estudiantes y 14 a algún familiar del alumnado. «Cada vez más las familias van al centro con una violencia verbal continuada. Estamos acostumbrados a que pierdan los nervios con golpes o lanzando cosas», enfatiza la directora, quien repara en que ese comportamiento termina siendo replicado por el estudiantado.
Fátima repara en la escalada de violencia verbal en las aulas, que atribuye al acceso a dispositivos móviles y redes sociales «a edades cada vez más tempranas» y a la ausencia parental, que dificulta la transmisión de valores.
Sobre el momento de la agresión, recuerda que se apoderó de ella un sentimiento de «indefensión», sobre todo porque, pese a las insistentes y numerosas llamadas a la Guardia Civil, Policía Local y al 112, los agentes tardaron «58 minutos» en llegar al centro. Afortunadamente, los docentes pudieron «actuar rápido» y controlar la situación, trasladando al alumnado a las aulas para evitar que presenciara el desagradable espectáculo.
La docente narra que todo comenzó con el comportamiento del hijo de la agresora, de tan solo 10 años. «El niño era agresivo en el aula y pensamos que podía ocurrir algo en casa», por lo que desde el centro se activó el protocolo de gestión de conflictos y se citó a su madre, pero «no acudía».
Finalmente, a la mujer le llegó una citación certificada, por lo que se personó en el centro y el resto ya es historia: «Fue un acto violento, desmedido. Nos agredió a todos porque ninguno entró en esa vorágine de violencia, y lo que hizo fue dar puñetazos».
«Es muy importante denunciar la situación vivida. Una vez que se activa el protocolo todo va rodando»
No todo fueron sombras en el episodio de violencia que sufrió Fátima (nombre ficticio) en el colegio que dirige en Gran Canaria. La docente encontró un faro de luz en la Consejería de Educación del Gobierno canario: «Tiene regulado y establecido un protocolo de actuación para los casos de agresiones. Cuando la madre del alumno nos atacó, supimos mantener la calma y controlar la situación. Nuestra inspectora de zona nos asesoró inmediatamente sobre este protocolo, sobre cómo activarlo y proceder». Una vez se activó el caso, Fátima asegura que obtuvieron respuesta en «menos de 24 horas» por parte de la directora territorial y la directora general de personal:«Fue algo que agradecimos bastante. No te sientes solo ni desprotegido, sientes que estás acompañado y que, oye, tus superiores están ahí pendientes de lo que acaba de suceder».
La Consejería también puso a disposición de los docentes afectados «asesoramiento jurídico»y un gabinete psicológico. «En menos de 24 horas, las cinco personas heridas ya estábamos agendadas en ese gabinete psicológico», pone de relieve. La directora valora que las bajas de los docentes agredidos «no duraron más de un mes» y que durante todo el proceso estuvieron «sostenidos y asesorados» por parte de Educación. «Es algo que agradecemos y uno de los motivos por el que estamos todos incorporados», matiza. Fátima considera que esta parte también se debe «visibilizar» y no solo los 58 minutos de violencia que tuvo que soportar junto a otros cuatro docentes. «Una vez que se activa el protocolo todo va rodando. Es muy importante denunciar la situación vivida, también por parte de los asistentes, y no normalizarla», concluye.
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