Canarias inicia el camino para afianzar la autoridad del profesorado: «No pueden verse desamparados»
Los grupos que apoyan al Gobierno presentan la proposición de ley que dota al colectivo docente de presunción de veracidad ante los conflictos en las aulas
CANARIAS7 / Efe
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 4 de junio 2025, 14:08
Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI) han presentado este miércoles una proposición de ley para el reconocimiento de la autoridad del profesorado, cuya principal novedad es dotar a este colectivo de presunción de veracidad ante conflictos en las aulas.
También se persigue reforzar el respaldo jurídico y psicológico por parte de la administración a los profesores que se ven inmersos en situaciones conflictivas, según han explicado en rueda de prensa los diputados Sonsoles Martín (PP), Yonathan Martín (CC), Melodie Mendoza (ASG) y Raúl Acosta (AHI).
La norma de reconocimiento de la autoridad del profesorado ya había sido anunciada por el consejero de Educación del Gobierno canario, Poli Suárez, y finalmente se ha optado por tramitarla como proposición de ley para agilizar los plazos de su aprobación y aplicación.
El aspecto fundamental de esta proposición de ley es que en el caso de apertura de un expediente por una situación de conflicto, que el profesor goce de la presunción de veracidad, como sucede con un policía cuyo testimonio en un juicio tiene un mayor valor probatorio, y no como hasta ahora que es «la palabra del profesor contra la del alumno», ha explicado Raúl Acosta.
El espíritu de esta proposición de ley, han explicado sus impulsores, es mejorar la convivencia escolar y disminuir la conflictividad en las aulas, además de impulsar el reconocimiento social, «sin fisuras ni ambages», de la labor de los profesores.
Precisamente una de sus mayores preocupaciones, ha indicado Sonsoles Martín, es la disminución de ese reconocimiento «en especial de alumnos y familiares».
«No se pueden tolerar situaciones desagradables e inapropiadas en algunos centros, y los profesores no pueden verse desamparados ni desatendidos« por la administración para la que trabajan y por la sociedad en general, ha proclamado.
Aumentaron las incidencias en los centros educativos
La diputada del PP ha remitido al informe del sindicato ANPE en el que se recoge que en el pasado curso aumentaron las incidencias en los centros educativos un 3,4% y fueron 163 los docentes que presentaron una denuncia o incidencia sobre agresiones, faltas de respeto o un aumento de la conflictividad en las aulas.
Ante este panorama, ha esgrimido, «no valen las palabras bonitas, los aplausos, las medallas», sino que el profesorado «debe sentirse valorado y respetado cada día».
Melodie Mendoza (ASG) ha indicado que es «el momento de dar un paso adelante y abarcar una realidad que no podemos obviar: el deterioro en la convivencia escolar« y la banalización del respeto a la figura del profesor, lo que está dando pie a «situaciones que no se pueden tolerar».
Ante las suspicacias de que esta ley pueda provocar «un desequilibrio» entre la autoridad del profesor y los derechos de los alumnos, Mendoza ha indicado que lo que se busca es «proteger aún más los derechos de los alumnos» al dotar a los docentes de herramientas para que las aulas sean «lugares de convivencia pacífica» y de «respeto mutuo».
La diputada de ASG ha hecho un llamamiento al resto de grupos del Parlamento de Canarias, PSOE, NC y Vox, para que hagan sus aportaciones a la normativa y que salga por unanimidad, a poder ser a tiempo para poder aplicarla antes del inicio del próximo curso escolar.
Yonathan Martín ha indicado que los profesores son «la piedra angular» del sistema educativo, razón por la que «tenemos que respaldarlos, apoyarlos y darles herramientas ante situaciones de conflicto», y que esta proposición de ley es «un paso más» para su merecido «reconocimiento social».
Sonsoles Martín (PP) ha agregado que sobre esta cuestión han escuchado antes a los sindicados y ha recordado que once comunidades autónomas ya han aprobado «una norma similar» y que Canarias «no puede quedarse a la cola».
Apoyo de los sindicatos
Los sindicatos docentes canarios aplauden la proposición de ley para reforzar la autoridad del profesorado de las islas ante lo que entienden una creciente desprotección ante conflictos con alumnado y familias y pérdida del reconocimiento social, según destacan las dos organizaciones mayoritarias en las islas, ANPE y STEC.
«Sería una buena noticia que Canarias se sumara al conjunto de comunidades autónomas que ya cuentan con una norma propia sobre esta materia. Aunque la condición de autoridad pública del profesorado está reconocida en el artículo 124.3 de la vigente Ley Orgánica de Educación, una ley autonómica contribuiría a reforzar este precepto y a desarrollar mecanismos específicos de protección y apoyo a los docentes», señala ANPE Canarias en un comunicado.
Según este sindicato, «la profesión docente ha experimentado en las últimas décadas una pérdida progresiva de autoridad y reconocimiento social, algo que afecta negativamente a nuestra relación con el alumnado y sus familias y que desalienta nuevas vocaciones». Por eso, añade, el profesorado necesita sentirse respaldado por la Administración. «Una ley que refuerce su papel como autoridad pública es un paso necesario, pero debe ir más allá del reconocimiento simbólico y traducirse en medidas concretas y eficaces», sostiene.
Redes sociales
Por su parte, el STEC entiende que «es una normativa totalmente necesaria, puesto que en los últimos años el profesorado ha ido perdiendo legitimidad desde el punto de vista social, ha habido una campaña de descrédito, se ha erosionado mucho su imagen, se ha tocado su profesionalidad, fundamentalmente desde la difusión de redes sociales y también de grupos de WhatsApp, con hostigamiento y muchas veces el acoso al que se ven sometidos profesoras y profesores».
Según declaraciones de Gerardo Rodríguez, portavoz del sindicato docente, «es necesario –y lo llevamos diciendo, solicitando y pidiendo muchos años a través de diferentes administraciones públicas– el reconocimiento social y profesional, para que se asesore jurídicamente y se ayude psicológicamente al profesorado que está afectado por algún tipo de acoso o por algún tipo de acción similar».
Con la ley será obligatorio este tipo de apoyo por parte de las administraciones. El STEC incide, sin embargo, en que no todo el profesorado ha sufrido situaciones de menoscabo de su autoridad, «pero sí una parte importante».
ANPE destaca también el capítulo de la proposición de ley dedicado a la protección jurídica y psicológica del personal docente, así como la propuesta de crear una unidad administrativa especializada en el apoyo y asesoramiento ante conflictos surgidos en el ejercicio profesional, dentro y fuera del aula.
«En este sentido, insistimos en la necesidad de simplificar y agilizar los protocolos actuales de acceso a la asistencia jurídica y psicológica para docentes víctimas de agresiones, ya que son poco operativos», concluye.
