La (larga) batalla educativa por el 5%

01/09/2018

El Consejo Escolar de Canarias y la plataforma que reclama la inversión que marca la ley canaria exigen al Gobierno regional un aumento progresivo del presupuesto para la enseñanza pública. Para 2019 reclaman 250 millones de euros más.

T. Artiles / Las Palmas de Gran Canaria

En 2014 el Parlamento canario aprobó una esperanzadora ley de educación no universitaria con el respaldo de todos los partidos políticos excepto el PP. Una iniciativa legislativa popular avalada con 35.000 firmas arrancó el proceso. Uno de los aspectos básicos de la ley, para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, era –y es– aumentar progresivamente la inversión educativa para alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2022. Pero los datos dicen que el Gobierno canario no se ha acercado a ese compromiso. Todo lo contrario.

En este último año de legislatura, la comunidad educativa canaria ha puesto sobre la mesa la exigencia de que el Ejecutivo inicie en 2019 el aumento progresivo de la inversión para llegar a ese 5%. Para eso, reclaman que en las cuentas del próximo año el presupuesto en educación alcance el 4% del PIB, 250 millones de euros más.

El Consejo Escolar de Canarias (CEC), la voz del conjunto de la comunidad educativa de las islas, ha sido claro en su informe sobre la planificación de este curso: «tal y como venimos reiterando desde hace años, reiteramos la necesidad de incrementar significativamente el presupuesto destinado a Educación, en cumplimiento de la ley, con la necesidad de garantizar su desarrollo y dar respuesta a las necesidades del sistema, a los desfases de financiación que arrastra, así como a los retos de modernización y mejora pendientes».

El CEC cree «indispensable» para llegar a ese 5% en 2022 que el Gobierno canario apruebe un plan plurianual de incremento presupuestario para la educación canaria y, como primer paso, «se insta a que el presupuesto de educación para 2019 se sitúe por encima del 4% del PIB».

La Plataforma 5% para Educación, creada por docentes, familias y estudiantes para demandar que se cumpla la ley en cuanto a inversión, con el primer paso del los 250 millones de aumento para 2019, ha elaborado un extenso dosier con datos que evidencian cómo el Gobierno canario «se propone incumplir la Ley de Educación» porque «no ha hecho nada» para aumentar la inversión.

Tanto el Consejo Escolar de Canarias como la plataforma exponen datos que evidencian que Canarias es, entre las cinco comunidades con menos renta per cápita, la que registra la más baja financiación en educación: en 2018 la inversión en las islas se situaba en el 3,62% del PIB, porcentaje inferior a Castilla La Mancha (4%), Murcia (4,35%), Andalucía (4,52%) o Extremadura (5,42%).

«Creemos que el Gobierno canario tiene la intención o predisposición de no desarrollar la ley de educación, que en sí mismo es no apostar por la educación pública; los datos demuestran que se propone incumplir la ley en cuanto a financiación», destaca Bernardino Ruiz, miembro de la plataforma por el 5%. En el dossier que esta ha elaborado y entregado a todos los partidos políticos, instituciones y representantes de la comunidad educativa desvela que el Ejecutivo regional en sus previsiones no prevé llegar al 4% del PIB ni en 2021, sino quedarse en el 3,66%. «Esto lo prevé el propio Gobierno canario de acuerdo con el plan presupuestario a medio plazo y los Escenarios Presupuestarios Plurianuales de la Comunidad autónoma de Canarias para el periodo 2019-21», añade Carlos Velázquez.

prioridades. Según esta plataforma, que critica que el Ejecutivo se lance a rebajas fiscales en lugar de invertir en servicios públicos como educación, hay «prioridades urgentísimas» educativas que deben atenderse de inmediato como el aumento de la oferta pública de la educación de 0 a 3 años o el incremento de las plantillas docentes. En las islas, la tasa de escolarización de los niños y niñas de hasta 3 años solo alcanza el 16% –menos de la mitad de la media estatal– y el 70% de las escuelas infantiles son privadas.

«El primer ciclo de infantil es estratégico para que Canarias recupere elementos de compensación social, pero el Gobierno canario no ha hecho nada y en las islas solo aumenta el sector privado», afirma Ruiz. En cuanto al aumento del profesorado, la plataforma afirma que los datos comparados con otras comunidades autónomas señalan que las islas tienen un déficit de 2.500 de docentes. «El profesorado está descorazonado porque la sobrecarga de trabajo le impide tener tiempo para reunirse, coordinar, innovar; es urgente aumentar las plantillas porque esta situación está colapsando el sistema», añade Ruiz.

La plataforma intensificará a partir de este mes su campaña para lograr, de entrada, esos 250 millones más para 2019 en los presupuestos de la comunidad autónoma. Todos los grupos parlamentarios excepto CC apoyan su reclamación, así como el Diputado del Común o las facultades de Educación de las dos universidades canarias. Intensificarán sus reuniones con sindicatos, familias y estudiantes para que se pronuncien de forma explícita, así como con la federación de municipios canarios (Fecam). A la consejera Soledad Monzón le han pedido cita pero aún no se han reunido. «Nosotros no somos sus enemigos, sino colaboradores necesarios. La consejera tiene datos contundentes para pelearse el aumento presupuestario con Hacienda y con Clavijo [el presidente del Gobierno canario]», concluyen.