Para las familias canarias el curso escolar se cierra con «mucha incertidumbre»

Con el fin del curso escolar, toca hacer balance. La Confederación de Federaciones de Ampas de Canarias, Confapacanarias, lo hace, a través de un comunicado, poniendo el foco en tres cuestiones: la «deficitaria atención» en necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), la ley de la autoridad docente y los problemas con la Formación Profesional. La entidad resume que el cierre del curso ha dado paso a «mucha incertidumbre».

Confapa recuerda «el documento de consenso» que se registró el 30 de junio del año pasado en el Parlamento, que recogía «las líneas clave para resolver problemas a los que se sigue enfrentando el colectivo de familias NEAE en Canarias».

Ante esto, recrimina la respuesta de la Consejería de Educación, que «se sigue reuniendo con distintas organizaciones del tercer sector por separado para elaborar un decreto autonómico que modifique la orden anterior que desarrolla la ley».

La entidad repara en que, hasta la fecha, los portavoces de la Consejería no exponen en sus intervenciones «los principios clave del derecho a una educación inclusiva en Canarias, evitando siempre hablar del derecho de los estudiantes NEAE, lo que sí hace la propia Lomloe o se define en el marco de los tratados de la ONU».

«Tampoco se ha valorado que en Canarias hoy en día haya denuncias admitidas a trámite por derechos fundamentales, faltando el respeto a las familias denunciantes con un marco regulador que las ampara», reseña, a la par que menciona el «el gráfico demoledor del informe Estadística de las Enseñanzas no Universitarias, Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, curso 2023-2024» del Ministerio de Educación.

Un escenario que ha llevado a las familias a organizarse, manifestarse o acudir al Parlamento de Canarias para lluchar por el cumplimiento de los derechos de sus hijos e hijas. «Los motivos que llevan a las familias a tal grado de desesperación parten de la falta de respuesta política y del descontento social por vivir en el siglo XXI con un nivel de recursos de finales del siglo XX y una mentalidad generalizada de la población y de la clase política de mitad del XX», enfatizan.

Del mismo modo, destaca algunos de los aspectos más relevantes a lo largo del curso en la materia, como es la «imposibilidad de hacer un seguimiento» de la apertura de nuevas aulas enclave, ya que el listado que facilita Educación «no se actualiza desde hace años».

También, la ratio de las aulas, enfatizando que «no se tiene en cuenta al alumnado NEAE en las aulas ordinarias con adaptación curricular, dejando claro que la masificación perjudica sobre todo al alumnado con más dificultades», la renovación pendiente con Aeromédica, la falta de recursos y de auxiliares educativos, o problemas con los protocolos de convivencia, que «no se ajustan a la normativa de accesibilidad».

En cuanto a la ley de autoridad docente, puntualiza que ese principio «ya está regulado con anterioridad» y que «no garantiza los derechos de las personas con discapacidad».

Sobre FP, pone de relieve que el alumnado «no puede elegir lo que le resulta vocacional», sino que «son los empresarios con fondos de la Unión Europea los que están poniendo la oferta formativa y, por lo tanto, imponiendo el modelo productivo usando como herramienta la educación». También, la distancia a la que se encuentran los centros formativos para muchos alumnos y alumnas.

Otro tema que resalta es el Plan de Infraestructuras de Canarias, que fue presentado en prensa a principios del curso, pero se desconoce su evolución.

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