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Cristian Reino
Barcelona
Lunes, 13 de diciembre 2021, 09:10
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La familia de Canet de Mar (Barcelona), que pidió a la justicia que el colegio donde estudia su hijo de 5 años debía cumplir la orden de aplicar el 25% de clases en castellano y que ha sido blanco de una campaña de amenazas en las redes, ha roto su silencio desde el inicio del conflicto lingüístico en la pequeña localidad barcelonesa. Tras la manifestación celebrada el pasado viernes cerca del centro escolar convocada por quienes defienden el modelo de inmersión, la familia ha cargado con dureza en una carta enviada a través de la Asamblea por una Escuela Bilingüe contra el Govern, al que ha acusado de «atizar el odio».
«Podemos darle las gracias por atizar sentimientos de odio entre la población porque nuestra familia está sufriendo», denuncia en la misiva. El Govern, añade, ha considerado ahora que era el «momento de interrumpir la calma tensa después del procés, agitar las banderas, convocar manifestaciones de protesta y señalarnos como culpables de querer acabar con el catalán», ya que el «derecho a una escolarización bilingüe» se le reconoció judicialmente a ta familia en el mes de octubre. Los padres, cuyos nombres hizo público una web nacionalista a pesar de que el TSJC instó al Govern a que garantizara su protección, también acusan al Gobierno catalán de «mentir» cuando explica que el modelo legal en Cataluña es el de inmersión lingüística. «Esto es falso. Los Tribunales han dicho que cuando hay dos lenguas cooficiales, la enseñanza debe impartirse de forma vehicular en un mínimo del 25% para cada una de las dos lenguas y el resto debe repartirse en función de la realidad sociolingüística del centro o la presencia de otras lenguas extranjeras», afirma. «Qué no os engañen», advierten.
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La familia admite que llevaba tiempo debatiendo si era el momento de acudir a la justicia para pedir o no la escolarización bilingüe, desde la duda de «si el ambiente está muy crispado», «si les señalarían, amenazarían o le harían bullying». La conclusión a la que han llegado es que «hay que dejar de tragar y tragar», «ser capaces de ser valientes para decir lo que uno piensa, levantarse para hacerlo y reclamar democráticamente los derechos». La pareja de Canet asegura asimismo que confía en las instituciones y por eso acude a ellas. «Si los Gobiernos incumplen la ley, los ciudadanos podemos reclamar nuestros derechos ante los Tribunales. Es lo normal en una democracia. Y nos gusta que el sistema funcione», señala. Los padres concluyen que no es su interés irrumpir en la escena pública. «Por ello pedimos que se respete nuestra voluntad de no convertirnos en un elemento mediático», rematan.
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La presidenta del Parlament, Laura Borràs, también ha criticado al consejero de Educación de la Generalitat, pero en un sentido diferente. Borràs ha cargado contra las palabras del consejero en las que admitió, al hilo del caso de Canet, que no se puede hacer nada para blindar el modelo porque las sentencias van dirigidas a los directores de los centros. La dirigente nacionalista ha propuesto una iniciativa como la que se hizo en el referéndum ilegal del 1-O. Consistiría en que el Govern asuma la dirección de los centros para aceptar las responsabilidades que puedan derivarse y exculpar a los directores de las escuelas.
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