Las universidades públicas canarias y andaluzas alertan de la proliferación de centros privados de «dudosa calidad»
Han firmado una declaración institucional en la que se comprometen a colaborar para impulsar políticas que «redunden» en su beneficio | Los consejos sociales universitarios, en el punto de mira
Las universidades públicas de Canarias y Andalucía no han escondido su «creciente preocupación» por la proliferación de centros privados de «dudosa calidad» en sus comunidades autónomas, donde se han autorizado cinco y seis campus privados, respectivamente.
Así lo han manifestado en la declaración institucional firmada por los rectores de estas instituciones académicas, con fecha de este martes 8 de julio, tras celebrar un encuentro en Sevilla.
En el documento dejan constancia de su «firme compromiso de colaboración estratégica, para impulsar de manera coordinada todas aquellas políticas que redunden en beneficio» de las comunidades universitarias que representan, en aras de un «mejor desempeño» de su función social.
Uno de los compromisos a los que han llegado es, precisamente, a informar a los gobierno regionales de esa «proliferación» de universidades privadas. Piden que se garantice por ley que estos centros cumplen con los requisitos mínimos exigibles para ser considerados universidades y que ofrecen cobertura a las «misiones básicas de la educación superior», que son: enseñanza, investigación y transferencia del conocimiento.
Del mismo modo, exigen que la autorización de nuevos títulos se efectúe en base a criterios estratégicos.
En el punto número dos abordan la financiación que reciben los sistemas universitarios canario y andaluz. Denuncian que están siendo «infrafinanciados respecto al mínimo exigido por la LOSU, que sitúa en el 1% del PIB el suelo de inversión pública en educación superior».
Siendo así, reclaman un marco de financiación plurianual que «defina de forma clara, estable y ambiciosa cómo y cuándo se va a dar cumplimiento al mandato que establece la nueva legislación».
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Los rectores tratan la autonomía universitaria en el apartado número tres. Recuerdan que está contemplada en el artículo 27.10 de la Constitución Española y que las «recientes iniciativas legislativas como la Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias» la ponen en «entredicho».
«Expresamos nuestra preocupación por una tendencia intervencionista que está avanzando en diferentes países y realidades y que amenaza la autonomía del sistema universitario español en su conjunto», reseñan.
También mencionan en el punto cuatro la «necesidad de apoyar, impulsar y promover una mayor ambición de los gobiernos autonómicos y estatal en relación a la inversión en ciencia y tecnología, principal motor del desarrollo económico y social de cualquier territorio».
Para ello, socilicitan que se incrementen y creen nuevos instrumentos de financiación de la i+D+i de excelencia. «Los países más desarrollados y con mayor crecimiento superan ya el 3% del PIB en inversión total en su sistema científico».
Firman la declaración institucional Lluís Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Francisco García, rector de la Universidad de La Laguna; José Joaquín Céspedes Lorente, rector de la Universidad de Almería; Casimiro Mantell Serrano, rector de la Universidad de Cádiz; Manuel Torralbo Rodríguez, rector de la Universidad de Córdoba; Pedro Mercado Pacheco, rector de la Universidad de Granada; José Rodríguez Quintero, rector de la Universidad de Huelva; José Ignacio García Pérez, rector de la Universidad Internacional de Andalucía; Nicolás Ruiz Reyes, rector de la Universidad de Jaén; Juan Teodomiro López Navarrete, rector Universidad de Málaga; Francisco Oliva Blázquez, rector de la Universidad Pablo de Olavide; y Miguel Ángel Castro Arroyo, rector de la Universidad de Sevilla.
