«Canarias necesita una buena ley de Ciencia, el texto que debatimos dista mucho de serlo»
El Parlamento acogió la primera lectura del documento en la sesión de este miércoles | La consejera de Universidades asegura que se ha habido «un proceso participativo» y la oposición lo cuestiona
La consejera de Universidades, Migdalia Machín, se refirió a este miércoles como «día histórico», ya que se produjo la primera lectura de la nueva ley canaria de Ciencia en la segunda sesión del pleno parlamentario. Un acontecimiento que llega no exento de polémica, pues las universidades públicas de Canarias denunciaron no haber participado activamente en la elaboración del anteproyecto, cuando, en sus palabras, más del 95% de la ciencia en las islas se genera en su seno. «Esta tierra necesita una buena ley de ciencia, el texto que hoy debatimos dista mucho de serlo», manifestó al respecto la diputada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, Alicia Pérez.
Sin embargo, Machín defendió que su consejería ha desarrollado «el mejor texto posible, trabajando tanto con las universidades como con las instituciones de la administración, empresas y sociedad civil», y aseguró que había imperado un «proceso participativo».
«Todo es mejorable y para eso también esta el Parlamento», donde actualmente se tramita la norma y al que pidió «sosiego» y «seriedad», para que la puesta en marcha de este «proyecto de ley necesario» no se alargue más de la cuenta.
La consejera también destacó algunos aspectos de la norma, como es la simplificación administrativa o burocrática, a través de la tramitación urgente, el establecimiento de órganos de gobierno eficientes y efectivos, incentivos fiscales, subvenciones y ayudas ancladas en el documento, presupuestos generales fijados en objetivos vinculantes de aquí a 2030, hasta alcanzar el 3%, o el plan canario de i+D+i con una ficha financiera plurianual.
Del mismo modo recordó que la norma actual data de 2001 y está «totalmente obsoleta», a la vez que no identifica la realidad del ecosistema científico del archipiélago.
La diputada socialista Alicia Pérez coincidió en que esta ley es «necesaria, urgente y muy esperada», ya que las islas requieren de una norma alineada con la normativa estatal y europea, «capaz de ordenar la estructura de i+D+i, impulsar el talento y garantizar la organización estratégica y estable». Por este motivo, su grupo no va a oponerse a la tramitación del texto, pero sí prometió un paquete de enmiendas con las propuestas de diferentes agentes científicos, fundamentalmente las universidades públicas.
A este respecto, recordó una de las demandas que efectuaron los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y de La Laguna (ULL), Lluís Serra y Francisco García, que es la existencia de un título propio vinculado a estas instituciones públicas.
«Forman al personal investigador, mantienen los laboratorios, bibliotecas, captan fondos, transfieren ese conocimiento científico al tejido productivo, están comprometidas con el desarrollo social y económico, no basta con mencionarlas en el listago general de agentes, necesitan un título propio, donde se reconozca su singularidad o se refuerce su financiación estructural», agregó.
En esta línea, mencionó el desequilibrio estructural de la norma, que sí cuenta con un título específico para regular la inteligencia artificial (IA).
La diputada por Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Carmen Hernández, recriminó que el anteproyecto de ley presenta varias «lagunas», con la ausencia de este título específico para las universidades públicas, la falta de una apuesta clara por una carrera investigadora estable y atractiva, o de medidas que resuelvan la precariedad laboral. También denunció su «visión mercantilista».
Por todo ello, pidió a los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias «actitud abierta y de diálogo» para perfeccionar el texto.
Por su parte, Nicasio Galván, de Vox, puso el foco en el papel de las universidades públicas y dijo tener «ojito» con el presupuesto destinado a la ciencia: «Hemos visto que la ley habla de porcentajes de inversión en base al PIB, que no se ha cumplido en otras cuestiones».
También afeó la presencia de un título específico sobre IA y no de uno dedicado a una «energía densa y estable», que presten soporte a las renovables, debido a los ceros energéticos que ha experimentado el archipiélago. Y cuestionó quién va a decidir qué es ético y qué no en cuestiones de inteligencia artificial.
Otro tema que puso sobre la mesa fueron los «sesgos ideológicos» que presenta el anteproyecto, que contempla la paridad, y aseguró que cuando él entra en un laboratorio no se pregunta si hay un 50% de mujeres y otro tanto de hombres, sino si están los y las mejores.
Cristina Calero, del Grupo Nacionalista Canario, pidió «responsabilidad» a la oposición, y puso en valor que la ley busca dar respuesta a todo el sector científicio y a los desafíos que necesita Canarias. «No es una ley para ser reflejo de los partidos políticos, sino para dar respuesta a Canarias. La ciencia es todo para todas las personas», resumió.
Puso especial énfasis en que la carrera científica termina cuando termina la carrera laboral, no solo dura cuatro años, en la capacidad de crear un marco jurídico en tan solo dos años, lo que es de «agradecer», y en que los datos evidencia una brecha de género en la ciencia que hay que resolver.
Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), puso de relieve que este anteproyecto de ley «no parte de la improvisación, sino del consenso y el análisis serio» de las carencias y oportunidades del archipiélago, así como que «no se queda en buenas intenciones, sino que aporta herramientas concretas».
Resaltó la ciencia no solo como cuestión académica, sino como una necesidad para generar empleo de calidad, diversificar la economía, retener el talento joven, atraer inversión, fortalecer sectores estratégicos como la salud, sostenibilidad o digitalización.
María Saavedra, del Partido Popular (PP), apuntó que el Gobierno de Canarias «da un paso firme» con esta ley, que aboga por un modelo desarrollado basado en el conocimiento, innovación y el talento, con una «visión moderna, ambiciosa y comprometida».
Valoró especialmente que la ley aborda la integración efectiva de diferentes actores, con una planificación estratégica orientada a resultados. También reseñó su importancia para islas como Fuerteventura -la suya-, en aras de diversificar su economía.
