El profesorado no comparte las normas de permanencia
El actual Reglamento de Progreso y Permanencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, documento que se aplica al alumnado y regula, entre otras cuestiones, cómo corren las convocatorias de exámenes, no convence a la mayor parte del profesorado. En concreto al 60,4%, según una encuesta que presentó ayer el Consejo Social.
El Barómetro ULPGC 2017 Personal docente e investigador que encargó el Consejo Social a Jorge M. Rodríguez y José Juan Castro se suma al que el pasado año se presentó sobre el alumnado y representa una «imagen fiel de lo que piensa el profesorado en su conjunto», explicó ayer el presidente de esta institución, Tristán Pimienta. Y es así porque se basa en una amplia encuesta que incluyó 470 entrevistas individuales, casi un tercio del cuerpo docente de la ULPGC, añadió.
Según este barómetro, el 74,2% del personal docente e investigador (PDI) está «a favor de la existencia de un reglamento que regule la permanencia» del alumnado en la universidad, frente al 19,8% que está en contra. Sin embargo, el 60,4% «no está de acuerdo» con el actual reglamento y demandan cambios, al menos, en el mínimo de créditos a aprobar, para que esté en función de la titulación, y que no cuenten las convocatorias si no se presentan al examen, algo que reivindica el 84% del PDI.
Pimienta reconoció que en este punto coincide la opinión del profesorado con la del alumnado. «No les gusta. Ya dijimos, cuando se aprobó, que se revisaría y que poco a poco se iría adaptando», señaló el presidente del Consejo Social. Además, continuó, «se han introducido una serie de excepciones a la aplicación general de la norma que contemplan aspectos sobrevenidos. Te matriculas y pasa algo... Todas las causas razonables están contempladas. Pero hay un mandato que nos marca un camino. No se puede utilizar el dinero público sin criterios de eficiencia. La obligación del alumnado es estudiar y aprobar. Hay asignaturas que son cuellos de botella y hemos puesto cartas a los decanos para que tomen las decisiones que tengan que tomar, cuestiones que hay que poner en marcha». Con todo, «lo cierto, es que en el ranquin de 2015 que hizo la CRUE la ULPGC estaba a la cola en eficiencia docente y ahora hemos subido un poco y lo único relevante que ha habido son las normas de progreso y permanencia», añadió.
Por otro lado, el 58,1% del profesorado se posiciona en contra del Reglamento de Planificación Académica, y demandan su simplificación (94,5%), reducir el número de horas de clase a impartir (74%) y aumentar el número mínimo (55,9).
Uno de los caballos de batalla del Consejo Social ha sido la implantación de un sistema de control horario de clases y tutorías. Según esta encuesta, el 41% está a favor, frente a un 34% que no está de acuerdo. «Ha habido bastante contestación y se ha retrasado la implantación», dijo Pimienta, que cree ahora con estos datos justificada su puesta en marcha.
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