La educación de adultos de Canarias, en pie de guerra

Alumnado y docentes de centros de educación de personas adultas (CEPA) de Canarias se echaron este jueves a la calle para exigir a la Consejería de Educación que elimine de la nueva orden que regula el funcionamiento de estos estudios la limitación a cuatro años, cinco de forma excepcional, que el alumnado puede estar en Formación Básica Inicial. Según los directores y directoras de estos centros canarios, el punto 2.3 de la nueva normativa es «particularmente lesivo, una limitación, de dudosa legalidad, que plantea la restricción de un derecho fundamental como es el derecho a la educación, de especial protección en nuestro ordenamiento jurídico», según señalan en un comunicado.

La polémica medida, que rechazan desde el Consejo Escolar de Canarias hasta los sindicatos docentes, supondrá, según los responsables de los CEPA, dejar fuera a un alumnado vulnerable, compuesto en gran parte por mujeres de entre 55 y 70 años, que cursan una formación «cuyo principal objetivo es la adquisición de aprendizajes funcionales, y no necesariamente alcanzar una titulación».

«Constatamos que las necesidades de estas personas, que quieren y reclaman ejercer su derecho a la educación, pasan porque el sistema público les ofrezca una formación permanente a lo largo de la vida, como así se reconoce en toda la legislación vigente, tanto europea y nacional como autonómica. No parece razonable, ni ajustado a derecho, apartar a estas personas del sistema porque no se ciñen a los parámetros sorprendentemente economicistas y de tendencias claramente neoliberales de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias», añaden los directores y directoras de los CEPA.

La Consejería se mantiene en su intención de aplicar la orden y limitar los años para cursar la formación básica inicial. En una reunión reciente con los responsables de los CEPA, la consejera Manuela Armas expuso que este alumnado no debe permanecer sin limitación de tiempo en una misma modalidad de enseñanza, ya que el objetivo del sistema educativo es certificar una formación. La del alumnado que se prolonga sin limitación alguna debe corresponder, según Educación, a otras administraciones como los ayuntamientos.

Los representantes de los CEPA defienden las singularidades propias de la educación de adultos dentro del sistema educativo y argumentan que «es voluntaria y no puede ser comparable con la educación ordinaria por muchos motivos, como la edad, procedencia del alumnado, características del desarrollo cognitivo o los perfiles heterogéneos que atiende.

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