Los docentes informarán a los padres si detectan conductas suicidas en el alumnado

Tras dos años de reuniones de trabajo y debates, las consejerías de Sanidad y Educación del Gobierno de Canarias han presentado el 'Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias', un documento que ofrece una guía para actuar ante cualquier indicio de que un menor quiera quitarse la vida.

Este protocolo de intervención, promovido por el Servicio Canario de la Salud en colaboración con los departamentos de Educación y Bienestar Social del gobierno regional, ha sido elaborado por un equipo de 26 profesionales entre psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, psiquiatras, médicos de familia y pediatras.

El documento, dirigido al personal sanitario y la comunidad educativa de los centros de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, determina los pasos a seguir ante la detección de señales preocupantes o de una conducta suicida a fin de reducir el riesgo de autolisis en la infancia y la juventud.

Según el consejero de Educación, Poli Suárez, el protocolo da «seguridad al docente» que, en caso de detectar una comportamiento sospechoso o tener conocimiento de ideación suicida de algún alumno o alumna, deberá «informar a las familias de la situación» del menor. «Será la familia la que autorizará la intervención», explicó Suárez.

En concreto, el procedimiento de actuación establece que si cualquier miembro de la comunidad educativa, docente o no, detecta esta circunstancia debe comunicarla a la dirección del centro, que la trasladará al tutor o a la familia para que autorice la «realización de una entrevista con valoración provisional del riesgo suicida, en el mismo día de la sospecha de riesgo suicida y/o conducta suicida».

«Se trata de disponer de una herramienta de actuación que marque claramente los pasos a seguir», señaló la consejera de Sanidad, Esther Monzón, quien precisó que el documento indica las pautas ante una sospecha inicial, la coordinación de la actuación con los servicios sanitarios, el seguimiento del problema en el entorno educativo e incluso para afrontar el duelo en el caso de un fallecimiento por suicidio de un menor.

«Este es un problema de gran magnitud que tiene que implicar a toda la sociedad», señaló la consejera, quien recalcó que este documento también orienta a las familias.

En este sentido, el responsable de la Consejería de Educación incidió en que el 10% de la población ha intentado quitarse la vida en alguna ocasión y el 30% ha tenido una ideación suicida por lo que es obligado «crear mecanismos para detectar, valorar e intervenir ante la sospecha de conducta suicida en nuestros centros».

«Un solo suicidio de un adolescente es inasumible y lo debemos evitar», recalcó Suárez, quien añadió que la intervención para la prevención del suicidio en los centros escolares son menos estigmatizantes que en los servicios de salud mental.

Por su lado, el coordinador del protocolo, el psiquiatra Francisco Acosta, de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Gobierno regional, señaló que, durante el año pasado, 223 personas se quitaron la vida en el archipiélago, una cifra que sitúa a Canarias con una tasa de suicidios superior a la media del Estado pero indica un descenso del 5% respecto al año anterior.

El año pasado, por fortuna, ningún menor de 15 años se suicidó en Canarias. «El suicidio en la infancia y en la adolescencia tiene tasas menores que en otros grupos de edad, pero que sea mínimo no quita para que sea especialmente trágico cuando hablamos de jóvenes», comentó el experto.

Acosta subrayó que durante los últimos años se ha formado a 1.200 profesionales de diferentes ámbitos en relación a la prevención del suicidio, la mitad de ellos del entorno educativo.

Ahora, la labor formativa se centrará en la difusión en los centros del protocolo que se aplicará desde este curso. «Los orientadores socioeducativos llevarán a cabo la formación en los centros, pero necesitamos contar con las propias familias», apuntó Suárez sobre la implementación del documento.

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