Imagen de archivo de estudiantes de bachillerato haciendo la EBAU en un aula de la ULPGC. / ARCADIO SUÁREZ

En Canarias solo la ULL pasa el corte de calidad que prepara Universidades

La ULPGC falla en la plantilla docente y las tres privadas incumplen «masivamente» en los requisitos sobre investigación

Luisa del Rosario
LUISA DEL ROSARIO Las Palmas de Gran Canaria

En Canarias solo la Universidad de la Laguna (ULL) cumple las normas de calidad que prepara el Ministerio que dirige Manuel Castells para definir lo que es un centro de enseñanza superior. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) incumple los requisitos sobre la plantilla docente e investigadora (PDI) al superar, por ejemplo, en más de 10 puntos porcentuales el número de docentes con contrato temporal -el máximo es el 40%- o no publicar suficientes artículos científicos. Y tampoco pasan el examen las tres universidades privadas isleñas, la Universidad Fernando-Pessoa (UFP), la Universidad del Atlántico Medio y la Universidad Europea de Canarias, especialmente por fallar «masivamente» en los indicadores relativos a la investigación.

Así lo pone de manifiesto el informe '¿A qué puede llamarse universidad? Análisis del grado de cumplimiento de los requisitos actuales y los nuevos requisitos previstos' presentado ayer por el Observatorio del Sistema Universitario (OSU). En él se señala que solo 18 universidades del total de centros de enseñanza superior en España, 81, «cumplen los requisitos vigentes» y «solo 12 de esas 81 cumplen los que se prevén en el proyecto de real decreto en trámite». La nueva normativa establecerá un plazo de cinco años para la adecuación a los requisitos.

La rectora de la ULL, Rosa María Aguilar, señaló ayer en conversación telefónica que ese informe «pone en valor la investigación» que se hace en La Laguna «que es el resultado de toda la experiencia que llevamos, el trabajo tantos años se muestra ahora», afirmó satisfecha. Aguilar reconoció que la ULL había pasado momentos duros con la crisis económica y las tasas de reposición congeladas. «Pero teníamos que actuar porque sin profesorado se pierde la investigación y la docencia». De hecho, añadió, ahora que se está jubilando un número importante de docentes la ULL acaba de publicar la convocatoria de 84 nuevas plazas.

Por su parte, la ULPGC emitió un comunicado en el que el nuevo equipo rectoral, encabezado por Lluís Serra, mostraba su «preocupación» por los resultados del informe del OSU y porque la «propia ULPGC» no cumple con los requisitos del decreto que se está elaborado. «Hace menos de una semana que ha tomado posesión el actual equipo de gobierno por lo que no ha habido el tiempo suficiente para hacer un análisis de la situación de la ULPGC, sus debilidades, fortalezas y carencias. Es una de las tareas que se habían incluido en el programa electoral para reforzar la posición de la ULPGC en el archipiélago y en el campo nacional e internacional. A pesar de no contar con ese análisis profundo de la situación y de que menos del 20% de las universidades cumpla los requisitos, no es óbice para que la ULPGC quiera manifestar que es evidente la necesidad de un cambio de rumbo para que la universidad no languidezca y ocupe la posición que merece y por la que luchó la sociedad grancanaria. Es un trabajo que implica a toda la comunidad universitaria y en el que se ha comprometido el actual equipo de gobierno», señala el comunicado.

A juicio del director general de Universidades del Gobierno canario, Manuel Ramírez, «la legislación actual ha multiplicado el número de universidades privadas en todo el país» y mientras que hay centros de este tipo «que están invirtiendo mucho», en Canarias, y menciona a la Pessoa o a la Europea, «que tienen una matriz potente», otros no lo han hecho. Precisamente estas universidades, añadió, «ya han solicitado disponer de programas de doctorado y en lo que deben acelerar todas las universidades privadas es en la inversión en investigación para que llegue al 5% de sus presupuestos».

Ramírez defendió los nuevos requisitos que establecerá el Ministerio y lamentó que la legislación vigente, aprobada por el ministro Wert, propiciara «el negocio» de las universidades privadas sin tener mínimos de calidad, por lo que el nuevo decreto ley es «necesario».

La nueva normativa también cuenta con el apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).