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El mantenimiento de las infraestructuras educativas en Canarias está repartido entre la Consejería de Educación y los municipios. Así, a los ayuntamientos les corresponde, por ley, conservar, mantener y vigilar los centros de educación infantil, primaria y especial. Ahora la Audiencia de Cuentas da un paso más y recomienda a los 88 consistorios de Canarias que inviertan en mejorar la calidad educativa. Es lo que ha dejado por escrito la institución en los últimos tres informes de fiscalización del gasto de los ayuntamientos canarios en la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros públicos relativos a los años 2016, 2017 y 2018, aunque firmados en enero de este año.
La Audiencia de Cuentas señala en sus recomendaciones a los ayuntamientos que «se doten de créditos destinados también a actividades extraescolares, acogida temprana y tardía, ayuda a las asociaciones de madres, padres y alumnado y otras acciones orientadas a incrementar la calidad de la educación que recibe el alumnado de estos centros, así como a mitigar los costes que el mismo tuviese que soportar por acudir a centro».
1,3 millones Es el dinero que en 2018 destinaron 24 de los 88 municipios a actividades extraescolares de los centros de infantil, primaria y educación especial.
744.000 euros Es lo que aportó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, frente a los 75 que dijo a la Audiencia de Cuentas que destinó Ingenio.
Granadilla de Abona Es el ayuntamiento que más aportó a la recogida temprana o tardía, 75.654 euros. La capital grancanaria no aportó nada.
Mogán Aportó 120.000 euros a las AMPA, el presupuesto más elevado de los 88 municipios.
La institución llega a esa conclusión tras analizar la documentación aportada por los municipios. «40 ayuntamientos han ejecutado distintos gastos de los derivados de las competencias atribuidas expresamente a los mismos», en referencia a gastos en actividades fuera del horario escolar, ayudas a las AMPA o la recogida temprana y tardía. «Esto propicia que el alumnado de infantil y primaria pueda contar con una oferta educativa de mayor calidad», que se alinea con el objetivo 4 de la Agenda 2030, señala la Audiencia de Cuentas. «En contraposición al alumnado homólogo de otros municipios que no ha podido contar con un ayuntamiento que haya previsto estas acciones».
Las diferencias son tan considerables entre unos y otros como de los 744.000 euros que destinó el ayuntamiento de la capital grancanaria a actividades extraescolares en 2018 a los 127.000 que dedicó el de Santa Cruz de Tenerife.
Poli Suárez, consejero de Educación del Gobierno canario, reconoce que el informe indica estas diferencias entre municipios, pero recuerda que las aportaciones que hacen los ayuntamientos para actividades extraescolares o las ayudas a las AMPA y la recogida temprana y tardía son «voluntarias», es decir, «no están obligados a hacerlo».
Pero la Audiencia de Cuentas también llama la atención sobre el escaso mantenimiento de las infraestructuras escolares que hacen determinados consistorios. «Los ayuntamientos no han contado con un plan, protocolo o manual, para llevar a cabo la conservación y mantenimiento de las infraestructuras de los centros públicos de educación infantil, primaria y especial de su municipio», dice el informe.
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De hecho, añade, la Consejería de Educación comunicó que había ayuntamientos que «formularon solicitudes ante la misma para la realización de trabajos y obras que son consecuencia de que no se ha estado llevando a cabo el mantenimiento por parte de los mismos en los centros públicos de educación de su municipio, lo que implica a posteriori obras de mayor envergadura que asume el Gobierno de Canarias».
Según Suárez, efectivamente hay municipios que invierten «en un lado y menos en la vigilancia de los centros. Hay diferencia en la inversión», pero donde se ha encontrado más problemas, añade, «es el mantenimiento», incluso de los centros de educación especial, «La solución es aclarar las competencias y, por otro lado, destinar un porcentaje para facilitar a los ayuntamientos que puedan invertir en las infraestructuras educativas porque a veces se encuentran con problemas para ello», añade.
El Consejero de Educación, Poli Suárez, quiere trazar un pan con los ayuntamientos para lograr que un tanto por ciento del el Fondo Canario de Financiación Municipal se destine obligatoriamente a la mejora de las infraestructuras educativas y su mantenimiento. Suárez, que ha reconocido en la cámara canaria que buena parte de los centros educativos están «condiciones lamentables», está manteniendo reuniones con los responsables municipales tanto a través de la Federación canaria de municipios (Fecam) como con los propios regidores y regidoras. «Allí donde tengo la oportunidad lanzo esta propuesta sin entrar en el debate de qué porcentaje», explica.
«Tenemos que ser realistas. Muchas veces los alcaldes y alcaldesas se encuentran con limitaciones o reparos de los servicios jurídicos o de la secretaría o intervención. Para darles seguridad jurídica estamos poniendo sobre la mesa no solo ese porcentaje que hay que dedicar a las infraestructuras educativas, sino aclarar mediante un documento que estamos elaborando las competencias para que tengan instrumentos frente a esos inconvenientes porque muchos quieren invertir en los centros, pero no pueden «asegura el consejero de Educación.
Según el informe de la Audiencia de Cuentas, de los 62 de los 88 ayuntamientos de Canarias que informaron a la institución sobre cómo llevaban a cabo la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los centros de infantil, primaria y educación especial, un 43,5% lo hace combinando sus recursos humanos con el sector privado, el 345,5% lo hace con su propio personal y el 21% lo hace a través de convenios con terceros. De los diez municipios con centros de educación especial solo cuatro se encargan de su mantenimiento.
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