37 unitarias eliminadas en los últimos seis cursos

14/05/2018

Los números revelan cómo curso a curso aumenta el cierre de escuelas de este tipo. Según los datos de la Consejería de Educación, se han suprimido 37 solo en los últimos seis cursos en las islas, 13 en Tenerife, 11 en Gran Canarias, 7 en La Palma, 4 en Fuerteventura y una en La Gomera y El Hierro. Las tres clausuradas en el último curso son de Gran Canaria: Cazadores, El Rincón y El Pedrazo.

Actualmente en el sistema público de la enseñanza canaria hay 113 unitarias y la Consejería no ofrece datos de las que cerrarán el próximo curso. La Palma es la isla donde más centros de este tipo hay, 30, por las 28 en Gran Canaria, 27 en Tenerife, 11 en Lanzarote, 9 en Fuerteventura, 5 en El Hierro y 3 en La Gomera.

Desmantelamiento. El STEC, sindicato que se ha movilizado por el mantenimiento de las escuelas rurales, critica lo que considera «la constante amenaza de desmantelamiento por la política de ahorro económico a cualquier precio». Según Cristina Rivero, las unitarias desempeñan una labor fundamental como eje vertebrador en la conservación del medio rural y su modelo educativo integrador y de calidad necesita potenciarse con la oferta a las familias de servicios complementarios como transporte o comedores para que no baje la matriculación. «Es la apuesta por la calidad educativa frente a los recortes y el hacinamiento de estudiantes en macrocentros».

Sin embargo, la Administración considera que este cierre continuado de unitarias «en absoluto responde a estrategias o políticas deliberadas para hacerlas desaparecer» y vincula la situación a «la despoblación de las zonas rurales por un lado y, por el otro, la facilidad cada vez mayor para desplazarse por lo que hay padres que prefieren inscribir a sus hijos en centros más cercanos a sus lugares de trabajo en las ciudades».

En la legislatura pasada se firmó un acuerdo con los colectivos de escuelas rurales por el que la administración educativa cerraría las unitarias con menos de seis escolares «haciendo un balance de los posibles beneficios para la comunidad, los costes y la viabilidad de centros demasiado pequeños», explica la Consejería. «La norma no se aplica de manera tan taxativa y siempre se observa si la evolución del alumnado indica una pérdida constante de matrículas en los últimos cursos o si existe una tendencia al alza», añade.