El decreto ley de las futuras normas anticovid solo podrá ser recurrido ante el Constitucional
El Gobierno canario anunció que el lunes aprobará una norma que blinde las restricciones
El decreto ley será la nueva vía que Gobierno canario tomará, previsiblemente en el Consejo de Gobierno extraordinario del lunes, para aprobar nuevas normas anticovid sorteando la autorización judicial que requiere la aplicación de estas restricciones amparadas por la Ley Orgánica 3/186 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.
Esta ley permite a las comunidades adoptar las medidas necesarias para atajar una enfermedad transmisible siempre y cuando sean avaladas de los tribunales superiores autonómicos. Es el caso de la limitación de personas que pueden participar en reuniones en función del nivel de riesgo por contagio en Canarias, autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias hasta el próximo 31 de agosto.
Sin embargo, la fórmula del decreto ley evita que los ciudadanos puedan recurrir las medidas en los tribunales ordinarios. «Por tener rango de ley, solo lo puede controlar el Tribunal Constitucional (TC)», explica el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Vicente Navarro, quien recuerda el Gobierno gallego usó esta vía para limitar la movilidad y las reuniones. En ese caso, la ley gallega fue recurrida por el Gobierno de Pedro Sánchez y el TC dejó en suspenso la pretensión de implantar la vacunación obligatoria.
«Sólo tienen legitimidad para recurrir un decreto ley unos pocos actores políticos y, salvo que lo haga el presidente del gobierno de España, el recurso no tiene efecto suspensivo», explica Navarro.
Por su parte, el también profesor de Derecho Constitucional de la ULL Gerardo Pérez Sánchez estima que la imposición de normas sanitarias por la vía del decreto ley plantea un «nuevo escenario en el que habría que preguntarse si el Gobierno de Canarias es competente para regular en esa materia y si el contenido de ese decreto ley es contrario a la Constitución». Además, el experto añade que «si lo que se pretende es usar la vía del decreto ley para sortear a los tribunales e impedir a los ciudadanos recurrir a ellos, como si se tratara de una ley, es un disparate jurídico».
En todo caso, el Gobierno aún no ha dado a conocer el alcance de las medidas anticovid que regulará el decreto ley cuya aprobación está anunciada para el lunes y que deberá contar con el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.
