Vista de la central térmica de Soto de Ribera. / Efe

La condena a Francia impulsa la causa de los ecologistas contra el Gobierno

«Creemos que puede ser un impulso para que el Supremo no se sienta tan solo si toma la decisión de adoptar una resolución valiente, que es la de exigir al Gobierno una mayor ambición en la lucha contra el cambio climático», asegura la abogada de Greenpeace

Iker Cortés
IKER CORTÉS Madrid

Lorena Ruiz-Huerta está convencida de que la demanda que varias asociaciones ecologistas interpusieron contra el Gobierno español por su «inacción ante el cambio climático» será favorable a las organizaciones medioambientales y más desde que el pasado miércoles la Justicia francesa reconociera la responsabilidad del Estado galo en la crisis climática y considerara ilegal que incumpla sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

«Todos estos precedentes empujan a la causa», asegura la abogada de Greenpeace y coordinadora del equipo legal que trabaja en el proceso judicial abierto contra el Ejecutivo. La del miércoles es ya la tercera sentencia en Europa que se falla contra un Gobierno por este tema -antes vinieron las de Holanda e Irlanda-. «El hecho de que todos formemos parte de un espacio que es la UE, que tiende a la homogeneización de políticas, de normas y de resoluciones judiciales, nos da muchísima esperanza y creemos que puede ser un impulso para que el Tribunal Supremo de España no se sienta tan solo si toma la decisión de adoptar una resolución valiente, que es la de exigir al Gobierno una mayor ambición», afirma.

Al igual que la querella francesa, la demanda de Oxfam Intermón, Greenpeace y otras organizaciones medioambientales locales más pequeñas se interpone contra el Ejecutivo por inacción ante el cambio climático. Cuenta Ruiz-Huerta que, en el caso español, la puerta de acceso al Supremo fue una normativa europea que obliga a todos los países miembro a aprobar un instrumento jurídico para finales del año 2019, el Pniec (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), que contempla cuál va a ser la política nacional en materia de reducción de emisiones para la próxima década, desde 2020 hasta 2030. «A fecha de hoy, el Gobierno no ha aprobado formalmente ese instrumento jurídico». Y va más allá: «Lo demandamos también por su falta de ambición porque en el borrador de ese instrumento, el Gobierno prevé es reducir un 23% las emisiones en la próxima década, cuando la comunidad científica habla de la necesidad de reducirlas al menos en un 55% para acercarnos a la posibilidad de que la temperatura global del planeta no aumente más de un grado y medio en el próximo siglo». «Estamos muy lejos de esa recomendación e incluso muy lejos del 40% que tenía previsto recortar el Gobierno de Francia y que le ha valido una condena», añade.

De momento, la Abogacía del Estado tiene un mes para contestar a la demanda. «La resolución estará hacia finales de febrero o principios de marzo. Así que si las cosas van bien y ágiles, antes de que comience el verano podríamos tener una sentencia», afirma Ruiz-Huerta, que achaca la inacción del Gobierno en la materia a «la presión de las grandes multinacionales contaminantes y sus intereses puramente capitalistas». «Parece que nadie cae en la cuenta de que este sistema está agotado y de que no se puede seguir creciendo indefinidamente y mucho menos con este modelo. Pero las grandes empresas son muy poderosas y las presiones al Gobierno deben ser titánicas porque estoy convencida de que la propia ministra de Medio Ambiente no se cree sus palabras cuando ella dice que lo que están haciendo es suficiente y que la suya es una política ambiciosa en materia de cambio climático», concluye.