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CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria.
Miércoles, 2 de septiembre 2020, 01:00
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La comunidad educativa canaria ve «imposible» iniciar las clases presenciales el 15 de septiembre en el archipiélago.
En un comunicado conjunto, sindicatos docentes y representantes de familias y alumnado de las islas abogan por un retraso en la vuelta a las aulas: «Sinceramente se nos antoja imposible que todos los centros puedan contar con su plan de contingencias antes del 15 de septiembre, que se puedan establecer y regular las actividades extraescolares, la acogida temprana y tardía o las actividades para el alumnado de 0 a 3 años, que se pueda garantizar la seguridad en los comedores escolares y el transporte escolar, que se pueda disponer de plataforma y recursos digitales suficientes, que se produzca la incorporación de nuevas figuras o servicios en los centros educativos como el de enfermería escolar que la administración entiende que no es posible en este momento, poder dar la formación e información necesaria en competencia digital y prevención de riesgos laborales a los estudiantes, al profesorado, a las familias y al personal no docente antes de la fecha de inicio de curso establecida, etc».
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Destacan en su nota que tras la reunión mantenida el lunes con la consejera de Educación, Manuela Armas, y todo su equipo, en las que se le entregaron dos documentos «con poco margen de tiempo para un estudio más profundo, continúan siendo más las dudas que las certezas sobre las garantías que exigen el profesorado, el personal no docente, las familias y el alumnado para contar con centros educativos seguros desde el comienzo de las clases presenciales».
Además, critican que «la Consejería parece renunciar ya a la reducción de ratios y por ende al aumento de personal alegando que no se dispone de espacios suficientes o adecuados para tal fin en los diferentes municipios, pero muchos ayuntamientos reconocen no haber sido consultados». Sindicatos docentes y AMPA exigen «que las ratios sean como máximo de 15 alumnos por aula en Educación Infantil, 18 en Educación Primaria, 20 en ESO y 23 en Bachillerato, y la misma proporción según los casos en FP y resto de enseñanzas».
Asimismo, exigen «que se respete en todos los niveles la distancia mínima de seguridad de metro y medio -no existe en los grupos burbuja de los colegios-, que se realice un control real de temperatura del alumnado y personal del centro tomando la misma en el momento de acceso al centro, durante la jornada escolar y al finalizar las clases, que se disponga de varios accesos en los centros educativos para evitar aglomeraciones tanto a la entrada como a la salida, que se realicen PCR al menos al personal que se ha declarado como especialmente sensible al coronavirus, que se informe ya de qué centros y qué grupos tendrán que asistir a clases por las tardes y en qué horario, que se clarifique y se den los datos reales de las actuaciones practicadas por QuirónPrevención y se informe del coste de estos servicios, que el coordinador/a Covid de los centros sea asumido por algún miembro del equipo directivo y disponga de horas para ello... En definitiva, que no se siga dando largas y se hable de inversión en educación, la necesaria para que nuestros centros educativos sean espacios seguros y saludables».
El comunicado está firmado por los sindicatos ANPE, STEC, CC OO, UGT e Insucan, las familias aglutinadas en Confapa Canarias, Fapa Galdós, Fitapa y Fapa La Palma y los estudiantes de Udeca. En él señalan además que «para poder garantizar la necesaria conciliación de la vida laboral, familiar y personal entendemos que es prioritaria la educación presencial, pero creemos que aún falta mucho por concretar, así como dar respuesta a múltiples factores para que se garantice un inicio de curso seguro». «Igualmente se deben definir ya otros escenarios posibles como es que la educación deba establecerse a distancia por empeoramiento de la situación, o que se dé un sistema híbrido, semipresencial».
Sindicatos docentes y del personal no laboral y familias piden a la Consejería una reunión antes del día 10, fecha prevista por el Gobierno para decidir si mantiene el calendario de vuelta a las aulas o la retrasa en función de la evolución de la pandemia.
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