Delgado asegura que el «error» en los datos de dependencia no deja afectados
La consejera de Bienestar Social anuncia la incorporación de 30 auxiliares para reducir los tiempos de tramitación y agilizar las ayudas
«Ningún ciudadano ni ciudadana de Canarias» se ha visto afectado por el «error» que cometió la Consejería de Bienestar Social en la remisión de datos al Imserso sobre el sistema de atención a la dependencia del archipiélago. «No se ha dejado de reconocer su derecho, no han dejado de ser atendidos, se les ha resuelto sus expedientes y tampoco ha supuesto un perjuicio económico para el Estado», aclaró la responsable del área del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, ayer en rueda de prensa.
Delgado se manifestó en estos términos ante las «insinuaciones» surgidas a raíz de la polémica conocida la semana pasada y por la que los Comités de Empresas de Bienestar Social pidieron su dimisión inmediata por «falsear» los datos de dependencia.
La consejera insistió en que hubo un «error en la comunicación» de los datos y reparó en que ya se habían disculpado por ello. Sobre el fallo, explicó que existen las prestaciones efectivas, aquellas de las que ya disfruta la ciudadanía, y las no efectivas, que son las que todavía no percibe, pero se encuentra en lista de espera para hacerlo. El error fue sumar ambas y enviarlas al Imserso, según especifican desde el Gobierno canario en una nota.
Delgado aseguró que, desde que se percataron del error, lo comunicaron al Imserso, que indica en su página web: 'La Comunidad Autónoma de Canarias ha realizado una regularización sobre las prestaciones durante el mes de febrero de 2025', lo que, a su juicio, «explica por sí solo la duda de quién pidió la corrección».
El Ejecutivo regional también señala que el fallo no implica ningún derecho de sobrefinanciación, «puesto que el Estado solo financia las prestaciones efectivas», y tampoco «reduce el número de ayudas que reciben las personas con dependencia», ya que cada una cuenta con su resolución «sobre las prestaciones a las que tiene derecho».
La consejera también anunció la incorporación de 30 auxiliares administrativos, 15 por provincia, al área de Dependencia, para lo que se destinarán 500.480 euros. Con medidas como esta, el Gobierno canario busca «reducir el tiempo de tramitación de los expedientes de valoración, dictamen y ayudas de dependencia». Entre las acciones previstas, el Ejecutivo destaca el decreto para que el sistema pase a ser monofásico y que, con una sola visita, se pueda determinar el grado de dependencia y acelerar la ayuda.
