El personal de Bienestar Social pide la dimisión de la consejera por «falsear» los datos de dependencia

Los Comités de Empresa de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario «han acordado exigir de forma unánime la dimisión inmediata de la consejera Candelaria Delgado y el cese fulminante de la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez Cuelliga, tras la gravísima crisis institucional provocada por la manipulación y el falseamiento de los datos remitidos al Imserso sobre el sistema de atención a la dependencia en Canarias».

Este es el primer párrafo de un duro comunicado de los representantes del personal de la Consejería contra las responsables políticas del departamento por haber trasladado «como concedidas más de 9.000 prestaciones que en realidad no existían» en el archipiélago.

Los comités de empresa de las dos provincias califican este hecho «como un escándalo de dimensiones mayúsculas, que compromete no solo la fiabilidad del sistema canario de dependencia, sino también la confianza institucional a nivel estatal», añaden en el comunicado.

La consejería del Gobierno canario notificó al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) unos datos de finales de 2024 que tras un proceso de verificación han resultado incorrectos: de las 16.000 nuevas prestaciones de dependencia anunciadas –y esgrimidas como un logro– por el Ejecutivo regional 9.000 no eran reales.

Los comités de empresa destacan en su comunicado, emitido tras una reunión de urgencia, que este lunes la propia consejera reconocía públicamente el «error» en la información facilitada al Imserso y se cuestionan «cómo se puede justificar un desajuste de tal magnitud».

Critican que «ese dato erróneo fuera utilizado por el presidente Clavijo como éxito de gestión en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad» y preguntan «dónde queda la responsabilidad política ante un error tan evidente como inaceptable».

Según los representantes del personal de la Consejería, «más grave aún es que esta manipulación de datos ha servido de antesala y justificación para la aprobación del nuevo decreto procedimental para el reconocimiento de la situación de dependencia», una norma que, en su opinión, «cronifica los problemas estructurales, centraliza aún más las decisiones y limita las garantías tanto para la ciudadanía como para el personal técnico».

«Este equipo de Gobierno ha demostrado que legisla desde el engaño, ocultando la realidad del sistema, construyendo marcos normativos sin dotación presupuestaria, sobre datos falseados y alejando cada vez más la gestión de criterios técnicos, transparentes y democráticos», dice el comunicado, donde los representantes de los sindicatos señalan que llevan un año denunciando «el caos organizativo en toda la Consejería, el deterioro del servicio de Dependencia, el retraso creciente en la tramitación de expedientes en diversas áreas y el clima de hostigamientolaboral dentro de la Dirección General de Dependencia».

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias reconoció este jueves que había «una discordancia» en la información remitida al Imserso sobre los datos de dependencia en Canarias. Delgado dijo que ese «desajuste» ha sido «reajustado» tras una revisión común de la información remitida entre su departamento y el Imserso, en lo que ha definido como «un ejercicio de transparencia», informa Efe.

La consejera explicó que la discordancia consiste en que su departamento contabilizaba como prestaciones puestas en marcha las que habían sido concedidas, pero no habían sido ejecutadas conjuntamente con las prestaciones concedidas que sí se habían puesto en marcha.

Como ejemplo citó el caso de una persona dependiente a la que se concede ayuda a domicilio, que luego tiene que conseguir una empresa para solicitar la puesta en marcha del servicio, lo cual en muchas ocasiones no ocurre por diversas dificultades.

Pese a ello, la Consejería contabilizaba el servicio como prestado, así que «hemos hecho rectificaciones», reconoció Delgado, y precisó que «las rectificaciones» abarcan también el mandato anterior. «Hay una discordancia y hemos reajustado los datos en un ejercicio de transparencia», subrayó.

Delgado apuntó que su departamento sigue trabajando en la implementación del nuevo decreto de dependencia, «que permitirá bajar los tiempos de espera porque se va a resolver en una sola resolución el grado de dependencia de los solicitantes con las prestaciones a las que tendrá derecho».

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