Dácil Vera no ha parado de contar su historia desde que hace algo más de dos años descubriera, «por casualidad», que no era hija de los padres que la criaron como tal. El suyo es un relato peculiar porque enlaza directamente con el lugar del que supuestamente salieron cientos de bebés, arrebatados a sus madres biológicas y vendidos a familias que pagaban por ellos grandes sumas de dinero: la clínica San Ramón, la que dirigía el doctor Eduardo Vela. En esa misma clínica, a la poeta palmera Elsa López le robaron una niña en 1981. Pero no, Elsa y Dácil no son madre e hija, son dos víctimas que esta semana asistían en el Parlamento de Canarias a la aprobación de la primera ley de niños robados de España.

La ley, dice Dácil, «va a arropar un poco más a las víctimas», que se topan «una y otra vez con archivos cerrados, sin medios ni conocimientos para investigar y con la Justicia dándoles la espalda». Pero no es ingenua y sabe de las limitaciones que esta ley ya tiene antes de que echar a andar. También lo sabe Manuel Marrero, el diputado de Podemos que la promovió, que admite que es una «ley de mínimos» pero un «instrumento útil» para las víctimas, pese a que el texto ni siquiera las reconoce como tales. Lo serán cuando tengan una sentencia judicial que les dé esa condición.

Dácil espera sobre todo que el acceso a la documentación sea ahora más fácil, a pesar de que va a depender de la mediación del Gobierno de Canarias que se abran los archivos privados (los de las clínicas y los de la Iglesia, fundamentalmente). Ella ha buscado información como ha podido, pero sabe que hay personas que ni siquiera saben como abordar un legajo. En los dos años ha tenido que «aprender a buscarla» y ha recabado prácticamente toda la documentación que necesita para llegar hasta su madre biológica.

Cuando Dácil descubrió que su madre nunca había parido, el ginecólogo que la estaba explorando casi tiene que asistirla a ella. El shock que le produjo aquella revelación no la hizo, sin embargo, flaquear a la hora de irle de frente a la que creía su madre biológica, que le acabó reconociendo que ella y su marido la habían comprado en Madrid y que a los cuatro días la llevaron a Las Palmas de Gran Canaria.

«Son sentimientos encontrados los que te invaden», dice, y por eso no sabe qué hacer llegado el momento de acudir a los tribunales, ni siquiera si judicializará su caso, al menos mientras la mujer que la ha criado, su madre, esté viva, admite.

Y eso que podría tenerlo fácil porque guarda todos los recibos de los pagos fraccionados que su padre abonó por ella a la clínica hasta sumar 200.000 pesetas. Es algo que muy pocas víctimas conservan o han obtenido y, además, tiene «un as en la manga», que todavía no puede desvelar, junto con otros dos documentos de gran valor: su partida literal de nacimiento, donde consta que nació en la capital grancanaria, pero con un expediente de fuera de plazo, porque fue inscrita nueve meses después de nacer como hija legítima de sus padres; y la partida bautismal en la que, además de su nombre corregido (constaba como María del Carmen), está tachado y corregido el lugar de nacimiento: Madrid.

«Esa fue al primera pista», reconoce, de la que empezó a tirar para intentar dar con su madre biológica y en ello le está ayudando la asociación SOS Bebés Robados Madrid, de la que ella ahora es delegada en Canarias.

Tiene muchas pistas, un nombre, unos apellidos, una prueba de ADN, con los que está «triangulando datos», y un lugar, Cantabria. Le falta «un pasito» para dar con su madre, la mujer que la parió en la clínica San Ramón y de la que, supuestamente, salieron ella en noviembre de 1976 y la hija de Elsa López, en 1981. Un lugar que es solo un ejemplo de lo que el diputado de Podemos David Carracedo llama el «mercado de venta de niños», que en España estuvo abierto al menos hasta el año 2001, fecha en la que nacieron las últimas víctimas de robos de bebés conocidas.

El problema de los niños robados, dice Dácil Vera, es «la investigación» porque «se te cierran todas las puertas». A ella también se le cerraron, pero tuvo suerte y ha podido recabar mucha documentación. Entre ella, su partida bautismal (i), depositada en una parroquia de Las Palmas de Gran Canaria. A parte del nombre de María del Carmen cambiado por Dácil, hay otro tachón más importante: el del lugar de nacimiento, Madrid, que está emborronado, pero es legible. También dice que es hija legítima de los padres que la compraron.

El diputado canario de Podemos, Manuel Marrero, no está satisfecho con la ley que aprobó el Parlamento, pero «o era esa o no era ninguna». Lamenta, entre otros muchos afeitados que le hicieron CC y el PP, que no se haya aprobado la creación de una unidad especial policial o que no se haya indicado la acción de la Fiscalía, por eso confía en que la futura ley estatal incluya los avances pendientes. La proposición de ley de Podemos se quedó sin tramitar pero con la esperanza de retomarla la próxima legislatura. Mientras, David Carracedo, su impulsor, trabaja «en forzar» al Gobierno para que antes del 28 de mayo apruebe un decreto ley en el que, además de un banco de ADN o la creación un grupo de archiveros para facilitar las búsquedas, se dé instrucción a la Fiscalía del Estado para que fiscalías especiales o de sala del TS impulsen las investigaciones a través de unidades especiales policiales.