El interventor pone la lupa del caso grúas en el alcalde

16/01/2018

El interventor del Ayuntamiento de La Laguna no solo se ratificó ayer ante la juez en su criterio, contrario a la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la empresa concesionaria del servicio de grúas y a la prórroga del contrato del mismo, sino que ha puesto la lupa del caso sobre el actual alcalde.

Gerardo Armas, interventor en funciones en el Ayuntamiento de La Laguna [ejerce como interventor porque la plaza lleva años vacante], se opuso en cuatro informes, primero, a la concesión de un préstamo de 120.000 euros y, luego, a la prórroga del contrato de concesión del servicio de retirada de vehículos de la vía pública a Autogrúas Poli.

Ayer se ratificó ante la jueza Celia Blanco, que instruye el caso en primera instancia, manteniendo así idéntica posición que en aquellos informes, que en la comisión municipal de investigación y que en todo el proceso de estudio del caso. Pero, además, apuntó a José Alberto Díaz, actual alcalde y antes concejal de Seguridad de Ciudadana, como la persona que movía los hilos para que el interventor se aviniera al criterio que, en el caso de la concesión del crédito, el Ayuntamiento defendía conforme a un informe encargado a dos catedráticos de Derecho Administrativo de la ULL para intentar acomodarlo a la legalidad.

Armas concretó, tras leer su declaración, que fue «a instancia del concejal de Seguridad Ciudadana [José Alberto Díaz]» que se reunió con los catedráticos «en su despacho», el del entonces concejal y hoy alcalde de La Laguna.

Pero es más, a preguntas de Esteban Sola, abogado del ahora portavoz de CC en el pleno, Antonio Pérez-Godió, imputado en el caso, el interventor aseguró que «jamas reconoció» que ni los catedráticos ni los funcionarios que gestionaron las grúas temporalmente tuvieran razón respecto a sus discrepancias.

El interventor municipal reiteró que puso sendos reparos a la concesión de un crédito de 120.000 euros a Autogrúas Poli -que levantó por decreto el hoy presidente del Gobierno y entonces alcalde, Fernando Claviji- motivados en dos aspectos, por un lado, la ausencia de un decreto de incoación formal del expediente -que Díaz añadió tras el primer informe de la intervención- y, por otro, y fundamental, la «falta de cobertura legal» de la operación.