Ubaldo Becerra señala a Dimas Martín como «el jefe»

07/02/2019

La mayoría de los acusados, que pactaron la conformidad de culpas, se niegan a contestar a las defensas. En los interrogatorios dirigidos por el fiscal, reconocieron los cobros ilegales

El juicio sobre la supuesta trama de comisiones ilegales del Partido de Indepedientes de Lanzarote (PIL) en el Ayuntamiento de Arrecife celebró ayer su segunda sesión, que se centró en acabar con la fase de cuestiones previas y el inicio de los interrogatorios a los acusados. En cuanto a los interrogatorios ayer solo declararon los acusados que han llegado a un acuerdo de conformidad con el fiscal, con penas que apenas llegan al año de cárcel, salvo para los también arrepentidos el exedil Ubaldo Becerra al que se le piden seis años; y al exinterventor, Carlos Sáenz,, al que se piden siete años.

En todos los casos se limitaron a responder a las preguntas del fiscal y de sus abogados, así como de los magistrados, y negándose en todo momento a responder a las defensas de los acusados que no se han avenido a pactos con el fiscal. De este modo los abogados mostraron enérgicas protestas por el hecho de que el presidente de la Sala les negara la posibilidad de leer las preguntas, para que constaran.

Previas a estas declaraciones se leyeron de viva voz las testificales de dos de los acusados y a la vez testigos de cargo, arrepentidos, sobre los que pivota gran parte de la acusación de la Fiscalía, el exedil de Arrecife José Miguel Rodríguez y Matías Curbelo, ambos ya fallecidos.

En ambos casos, se declaran culpables, del cobro de comisiones, arrepentidos y muestran su deseo de colaborar, y apuntan en ambos casos a Dimas Martín como el presunto cabecilla de la trama. También señalan directamente a los exediles Ubaldo Becerra y Antonio Machín, como los que se repartían el dinero de las comisiones con el propio José Miguel Rodríguez y Curbelo, dejando una parte para el partido.

También el propio Rodríguez culpó a Dimas Martín de dar la orden de que no se pagara al empresario Antonio Castellano una deuda por servicios prestados al Consistorio capitalino, para así exigirle un 10% de comisión.

La misma tesis mantuvo el arrepentido exedil Ubaldo Becerra, a quien la Fiscalía pide de inicio una condena de seis años de cárcel. Reconoció que cobró de comisiones con José Miguel Rodríguez y acusó abiertamente a Antonio Machín y a Dimas de lucrarse de estas comisiones, aunque no llegó a declarar que existiera una estructura organizada de cobro.