Comienza la vista por la financiación del PIL

01/02/2019

La primera jornada del juicio ligado al casi Unión arranca en Arrecife, con el intento de las defensas de anular la causa y echar abajo el juicio. Parten de que la grabación originaria fue sin orden del juez, argumento que rechaza la Fiscalía. La Audiencia evita anular pruebas y ordena que continúe el plenario

El primer día de plenario de los quince que durará este macroproceso -siete jornadas se celebrarán en el juzgado de la capital de Lanzarote y ocho en Las Palmas de Gran Canaria- que sienta en el banquillo a 12 acusados arrancó este viernes con las cuestiones previas. Algunas de ellas deberán resolver los tres magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que preside Carlos Vielba, y que componen Emilio Moya y la magistrada Belén Sánchez Pérez, una vez se dicte sentencia, aunque en ninguna caso lograron las defensas anular el juicio y todas las actuaciones, pese a las denuncias de presunta vulneración de derechos o acusaciones de pruebas falsas.

Entre ellas, y como principal elemento del debate de ayer, destacó la pretensión por parte de las defensas de tumbar no solo este juicio sino todo el sumario del llamado caso Unión, que arranca en junio de 2008, con una grabación por otro asunto que a priori nada tiene que ver con esta pieza, que después se desgajó de la principal.

En este caso, y en especial las defensas de dos de los principales acusados, Dimas Martín, expresidente del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) a quien se acusa de encabezar una trama para cobrar comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife, a cambio de obras; y la del exedil Antonio Machín, plantearon ayer por primera vez en un juicio su teoría de que el caso está viciado de inicio.

Su argumento se basa en el hecho de que el entonces consejero del Cabildo y secretario insular del PSOE, Carlos Espino, grabó con una grabadora que según este le aportó la Guardia Civil (UCO), -aunque dicha grabadora no existe y el original tampoco- al empresario Fernando Becerra, quien al parecer intentaba sobornarle. Una grabación que, señalan, se preordenó por agentes de la autoridad que se desplazaron desde Madrid, sin orden del juez, y a raíz de la cual «se monta una causa que propicia los pinchazos de los teléfonos, primero del exedil, ahora acusado, Ubaldo Becerra, hermano del anterior, y de ahí en cadena la de Dimas Martín», se dijo durante la vista en Arrecife.

Esas conversaciones a su vez se conectan meses después con una ulterior denuncia del empresario José Antonio Castellano, ligado al PIL, y a la sazón padre del actual consejero de Turismo del Gobierno de Canarias -quien tendrá que declarar como testigo y denunciante el próximo día 11-.

Parten las defensas de la base de que dicha grabación es nula, y sobre esta hipótesis alegan que no haber sentencia firme que haya rechazado esa hipótesis, dado que nio ha habido aún juicio en el que se haya entrado a analizar la grabación. Mientras que la Fiscalía y las acusaciones particulares, como el colectivo Transparencia Urbanística y el Ayuntamiento de Arrecife, lo desmienten, aportando sentencias de otras dos piezas ya juzgadas, en las que aseguran que se rechazó esta teoría por el Tribunal Supremo.

Por ello las defensas pidieron ayer casi a gritos que se analice si la grabación es susceptible de tumbar todo el procedimiento, al contagiar las comunicaciones intervenidas, los registros y toda la cadena probatoria hundiendo así la causa como un castillo de naipes.

Frente a este argumentación, la Fiscalía, sin embargo, fue tajante y sostuvo que la grabación de Espino no es la clave de este procedimiento, y aunque se anulase, la causa seguiría intacta, ya que toda la investigación de esta pieza arranca de la denuncia por intento de soborno al antes mencionado empresario, Antonio Machín, a quien el Ayuntamiento debía un millón de euros por obras realizadas, y al que se exigía para su cobro que abonara como mordida un 10% de ese millón.

A ello añaden tanto el fiscal, Javier Ródenas, como las otras dos acusaciones que se adhieren a los argumentos del Ministerio Público, que este asunto está zanjado, pues existen dos sentencias firmes del Tribunal Supremo sobre otras dos piezas del mismo caso Unión, en las que las defensas volvieron a plantear esta teoría, siendo rechazada de plano por el alto tribunal..

También incorporan un auto del TSJC, del pasado diciembre, en el caso de Luis Lleó y Fernando Becerra, por el intento de soborno a Carlos Espino, en el que se rechaza la nulidad de dicha grabación.

Los abogados de los acusados desmintieron esta prueba, señalando que el auto del TSJC no es firme, pues sobre ese asunto no ha habido juicio y sobre las otras dos sentencias del Supremo, el tribunal no entró a enjuiciar la grabación supuestamente ilegal de Espino, sino otras supuestas irregularidades.

No habrá pronunciamiento hasta la sentencia sobre las peticiones de nulidad de la causa y se rechazó la acusación a los dos magistrados de estar «contaminados» por juzgar previamente dos piezas del caso Unión, con las mismas pruebas.