Teguise se abona a reconocer deuda de forma extrajudicial

01/08/2019

En lo que va de año ha acudido ya en cinco ocasiones a este procedimiento de pago fuera del presupuesto aprobado. Los socialistas denuncian el descontrol municipal en la gestión económica

canarias7 / ARRECIFE

El Grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Teguise denunció ayer en el transcurso del pleno municipal la «deficiente gestión» económica de Coalición Canaria en el Consistorio, al aprobarse en lo que va de año hasta cinco reconocimientos extrajudiciales de deuda con proveedores, lo que evidencia una «mala planificación», denuncian los socialistas.

Al pleno de ayer se llevaron 486 facturas que el Ayuntamiento presidido por Oswaldo Betancort (CC) no había abonado en tiempo y forma a la empresa Canal Gestión Lanzarote, correspondientes a los años 2014, 2016 y 2017, por 202.562 euros.

En meses anteriores el grupo de gobierno también aprobó otros cuatro reconocimientos de deuda a proveedores por contrataciones efectuadas al margen del procedimiento legalmente establecido, o porque el Ayuntamiento no cumplió con los pagos en la anualidad que correspondía haberlos efectuado.

1,5 millones en facturas. En total, el grupo de gobierno de Teguise ha utilizado una vía extraordinaria para pagar facturas que suman prácticamente medio millón de euros, principalmente a pequeñas empresas. El primero de los reconocimientos de deuda ascendió a 134.323 euros; el segundo, a 80.719 euros; el tercero fue 40.721 euros, y el cuarto de 17.341 euros; éste último también por facturas a la empresa suministradora de agua.

«Éste es el modelo de éxito que se atreven a vender Coalición Canaria y Oswaldo Betancort», señaló ayer el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teguise, Marcos Bergaz, quien resaltó que «no es normal» que en apenas siete meses el gobierno municipal haya recurrido en tantas ocasiones al reconocimiento extrajudicial de deuda con proveedores.

Los socialistas se abstuvieron en este punto del orden del día del pleno porque entendían que el Consistorio no puede incurrir en un enriquecimiento injusto, y las deudas deben abonarse, pero recalcaron que el gobierno municipal «no puede seguir acudiendo a una vía excepcional jugando así con multitud de pequeñas empresas a las que les cuesta salir adelante, ni dañar con su falta de rigor administrativo la imagen del Ayuntamiento».

El portavoz socialista también subrayó que «tampoco es normal que un ayuntamiento, que como institución, que debería dar ejemplo, se olvide de pagar las facturas del agua mientras exige a sus vecinos el pago regular de sus impuestos».

El portavoz socialista recordó que el Ayuntamiento de Teguise es el que mantiene la deuda más elevada con el Consorcio del Agua, el cual reclama más de un millón de euros, por impago a la anterior empresa pública Inalsa.

Bergaz también reclamó que se activen los procedimientos para sacar a licitación pública los principales contratos de suministros y servicios.

La playa artificial proyectada en Berrugo, en Playa Blanca, junto al muelle deportivo Marina Rubicón, lleva varios meses en un atolladero administrativo, con visos de que todavía habrá que aguardar algún tiempo para conocer si finalmente prospera o no la iniciativa. Obedece a que el expediente abierto en 2017 fue objeto de varios recursos de alzada, que aún están siendo analizados por la Demarcación de Costas de Canarias. Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, «el último movimiento de este expediente que nos consta es de junio de 2018».

A priori, una vez que se resuelvan los recursos de alzada se redactará el pliego con la resolución destinada a dar continuidad al expediente. Hasta entonces, en consecuencia, no se conocerá la valoración a las cuatro ofertas presentadas para asumir la construcción de la playa artificial, así como su posterior explotación. Cabe recordar que en los plazos marcados por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de Canarias se registraron propuestas de las mercantiles Patuso, Secapla, Yudaya y Puerto Deportivo Rubicón.

En caso de que finalmente se dé el plácet para que la playa artificial cuaje, dejando al margen las propuestas en contra, como la formulada en su momento por la Fundación César Manrique (FCM); la entidad que resulte seleccionada tendrá un tope de 18 meses para completar la playa, en las proximidades del puerto deportivo; así como un plazo posterior de hasta tres décadas para explotar la misma, con hamacas y otras ofertas. Es decir, será fácil que la concesión se pueda extender hasta cerca de 2050.

La nueva playa podrá llegar a casi medio kilómetro de longitud, ocupando sobre 100.000 metros cuadrados de superficie, como ya se informó hace meses. Para su creación, se prevé la descarga de un mínimo de 150.000 metros cúbicos de arena, junto con la construcción de barreras. De inicio, la empresa que asuma la concesión, siempre que el proyecto definitivo obtenga el permiso mediambiental correspondiente, quedará obligada a pagar un canon mínimo anual a las arcas estatales de 30.000 euros; debiendo responsabilizarse, además, del mantenimiento.

La actuación se fundamenta en la petición inicial registrada hace cerca de un lustro atrás, planteada por Patuso, entidad que proyectó ejecutar una inversión valorada entonces en 2,9 millones de euros, con intención de explotar por un largo periodo la presencia de hamacas y sombrillas; junto con algún parque náutico y otros elementos de ocio. A raíz del ofrecimiento recibido por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de Canarias, oficialmente se abrió un periodo de consulta para otras empresas interesadas en asumir la playa, registrándose propuestas de Secapla, Yudaya y Puerto Deportivo Rubicón.