San Ginés dice que incautar la planta benefició a los vecinos
El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, defendió este viernes su actuación en la incautación de la planta de Montaña Roja, donde a la espera que se abra juicio, señala que no actuó a sabiendas que lo hacía injustamente, que todo ha derivado en un beneficio para los vecinos, sin coste indemnizatorio.
Carlos Sixto De Inza Serrano y Arrecife
Viernes, 20 de abril 2018, 16:06
El máximo responsable del Cabildo compareció este viernes para explicar la situación que se plantea tras el rechazo, por parte de la Audiencia Provincial de Las Palmas, del recurso de sus abogados contra el paso a procedimiento abreviado de la denuncia interpuesta contra el propio San Ginés, por incautar la planta desaladora de Montaña Roja (en septiembre de 2014), donde se le imputa un supuesto delito de prevaricación administrativa.
San Ginés aclaró que el auto de la Sala no significa todavía que vaya a ser juzgado, sino que abre el paso a procedimiento abreviado, a la espera de que se le acuse formalmente; y añadió que este asunto no le preocupa más de la cuenta, dado que tiene la conciencia tranquila y está confiado en que si finalmente se le juzga será absuelto. También precisó el presidente insular que «en cualquier caso», no se le acusa de corrupción, sino de prevaricación administrativa, «que es muy diferente», por supuestamente haber tomado una decisión supuestamente injusta a sabiendas, al incautar la desaladora, que vendía agua ilegal, «aunque en ningún caso fue así, actué honestamente», recalcó.
Además, precisó San Ginés que actuó con asesoramiento técnico y jurídico, impelido por los administradores concursales de Inalsa, que lo solicitaron reiteradamente; y por el Diputado del Común, ante las irregularidades que se estaban cometiendo, denunciadas con reiteración, y con el convencimiento de que se hacía por interés general y de los vecinos de la urbanización.
Explicó que la incautación ha tenido como consecuencia que los 5.000 vecinos paguen una factura de agua igual a la del resto de la isla y que los dueños hayan regularizado la situación, pasando a pagar 400.000 euros de canon al Consorcio de Aguas, «tras firmar un convenio que está validado por los Tribunales», dijo.
De este modo, aseguró estar tranquilo, a pesar de que la oposición utilice el asunto para hacerle daño políticamente.
